El dictador Daniel Ortega remitió con trámite de urgencia a la Asamblea Nacional la modificación de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para disponer de 11.7 millones de dólares para el programa de emergencia de atención a la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19, sin embargo ocultó la información del tipo de equipos e insumos y el tiempo en que serán entregados a los hospitales y centros de salud.
Aunque en la propuesta de programa de emergencia del Covid-19 que le presentó la dictadura al BCIE sí se especificaron que compraran ventiladores así como Interferón, el medicamento cubano que las dictaduras ofrecen como cura al Covib-19, esos detalles se le ocultan a los diputados puesto que en la modificación del empréstito no aparecen esa información.
Lo que se indica en la iniciativa de decreto legislativo enviada por Ortega es que los 11.7 millones de dólares los gastarán conforme el “plan definido” por la dictadura “para atender la emergencia sanitaria por Covid-19”, y será en “medicamentos, insumos y equipos médicos», pero no hay planificación de cuándo los adquirirán y entregarán a los hospitales. Eso queda a discreción de las autoridades, según la propuesta legislativa.
Los tipos de insumos y equipos médicos serán “de acuerdo a las necesidades específicas que serían establecidas en el momento de efectuar las compras requeridas», señaló el dictador Ortega en la exposición de motivos de la propuesta.
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La modificación del préstamo se realizó hace más de un mes entre el BCIE y el régimen de Ortega, quien lo oficializó en La Gaceta, Diario Ofifical, el pasado 4 de mayo, sin embargo se mandó a ratificar a los diputados cuando está la curva exponencial de contagios, lo que ha colapsado la capacidad de atención por parte del personal médico en los hospitales públicos y privados.
Régimen reconoce que urge ayuda
En la exposición de motivos de la Iniciativa de decreto legislativo, el dictador reconoce que urge de la ayuda financiera internacional para enfrentar la pandemia del Covid-19, a pesar de que en la práctica ha orientado al Ministerio de Salud (Minsa) y demás instituciones minimizar la crisis sanitaria, por lo que los reportes oficiales de casos y muertes por el virus son descalificados como poco transparentes por las asociaciones médicas independientes.
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«Para fortalecer las acciones desarrolladas por el Gobierno de la República de Nicaragua, se requiere del apoyo financiero internacional para atender oportunamente los casos sospechosos y confirmados de Covid-19 complementando con la implementación masiva y permanente de acciones educativas dirigidas a la población en general, a trabajadores de la salud y viajeros, para que identifiquen los riesgos y signos de alarma y acudan rápidamente a las unidades de salud», justifica Ortega en el documento enviado al Parlamento nacional.
El Minsa ha despedido al menos 16 médicos de los hospitales públicos y centros de salud por represión política, debido a que han denunciado el colapso del sistema sanitario ante la pandemia del coronavirus como la forma en que obligan a exponerse a doctores, enfermeras y demás personal que a pesar de estar en primera línea de atención, no se le proporcionan los equipos para protegerse.
El Minsa reportó 1,464 casos y 55 muertes por Covid-19 en Nicaragua hasta el 9 de junio. Cifras que contrastan con el hecho que ya no se aceptan pacientes en los hospitales por no tener camas para internarlos, además de los entierros inmediatos de fallecidos por coronavirus que se dan a diario.
El Observatorio Ciudadano, integrado por médicos independientes, reportó 4,971 casos de coronavirus y 1,398 fallecidos en Nicaragua hasta el 10 de junio.
Para acceder a los 11.7 millones de dólares para el «Programa de Emergencia Prevención y Contención del Covid-19 en Nicaragua», la dictadura solicitó al BCIE utilizar parte de la cartera de 68 millones de dólares destinados al proyecto de mejoramiento del tramo de carretera Nejapa-El Crucero-Diriamba-Jinotepe y Nandaime, a ejecutarse por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
El régimen le pidió 13 millones de dólares al BCIE, pero el organismo solo le autorizó de 11.7 millones de dólares del proyecto para las carreteras.
Piden aprobarlo mes y medio después de haberse cambiado
La propuesta de modificación del contrato con el BCIE la mandó Ortega el pasado viernes 12 de junio por la tarde a la Primer Secretaria de la Asamblea, donde sin haberse reunido la junta directiva para acordar la agenda de discusiones, se citó a los diputados a sesionar la próxima semana los días 15, 16 y 17 de junio. El único punto en agenda es los fondos de emergencia para la crisis sanitaria. La orden de citar a los diputados fue del presidente del Legislativo, el orteguista Gustavo Porras, según la comunicación de sesiones que fue compartida a LA PRENSA.
Porras está sancionado por Estados Unidos y Canadá por violaciones a los derechos humanos por participar en la represión a las manifestaciones ciudadanas desde abril del 2018.
