Mantener en funcionamiento la Asamblea Nacional le cuesta a los nicaragüenses 682.3 millones de córdobas en el 2020 (unos 20 millones de dólares), siendo un gran gasto del que la mayoría de ciudadano no obtiene beneficio, puesto que el trabajo de los diputados se ha reducido a esperar que el dictador Daniel Ortega les mande propuestas de decretos de leyes y préstamos -la mayoría de carácter político partidario- para tener algo que aprobar.
La falta de trabajo llega al extremo que la Junta Directiva, controlada por los orteguistas, ha convocado a sesiones a los diputados sin tener temas para discutir. Eso ha sucedido las tres últimas semanas. Ha sido hasta el último momento que desde la oficina de Ortega, en El Carmen, que también es residencia familiar y secretaría del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que han enviado propuestas de reformas a las leyes del sector eléctrico y acuerdos de cooperación con naciones del oriente, lo que ha evitado que la directiva parlamentaria fuese forzada a cancelar los plenarios.
Como ha sido poco el trabajo, los diputados en una sola sesión han aprobado todo. En la práctica los legisladores han sesionado tres días en más de 15 días hábiles.
La Asamblea Nacional la integran 92 diputados, pero actualmente son 91 en funciones debido a que el general en retiro, Omar Halleslevens, no asumió el cargo que le correspondía como suplente del dictador Ortega. Halleslevens era el vicepresidente entre enero de 2011 y enero de 2017, y conforme la Constitución el presidente y vicepresidente se convierten automáticamente en diputados cuando dejan el cargo, siendo un puesto «regalado». Pero a Halleslevens el régimen lo dejó administrando la Vicepresidencia con un cargo de ministro, aunque quien tiene el cargo legal en su carácter de vicepresidenta es Rosario Murillo, esposa del dictador.
Cada uno de los 91 diputados recibe un salario mensual equivalente a 3,200 dólares (unos 96 mil córdobas brutos).
En el Presupuesto General de la República de 2020 se detalla que en el Legislativo se gastarán 312.4 millones de córdobas en el pago de la 699 funcionarios. Entre estos hay 173 de «dirección», que incluiría a los diputados, para quienes se destinó 166 millones de córdobas en pago de salarios en el presente año.
Lea Además: Los diputados de la Asamblea Nacional se recetan aumento salarial
Los parlamentarios orteguistas han pretendido imponer la normalidad en la Asamblea Nacional, a pesar de la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 en el país, negándose a declarar la emergencia nacional, así como un plan de ayuda económica para las poblaciones más vulnerables y a las empresas, golpeadas por la doble crisis, la sanitaria, con la sociopolítica que se arrastra desde el 2018.
Al no hacer nada frente a la pandemia los orteguistas tampoco quieren suspender las labores del Legislativo, a pesar de que se ha confirmado que sus instalaciones son un foco de contagio, donde más de cincuenta trabajadores y diputados se han enfermado del Covid-19, y al menos cuatro han fallecido.
Este martes 9 de junio habrá sesión. El pasado viernes los directivos convocaron a plenario los días 9, 10 y 11 de junio a pesar de que no había nada pendiente por aprobarse. Al final de la tarde del pasado viernes 5 de junio el despacho de Ortega les mandó la iniciativa legislativa para el ingreso y salida de tropas militares extranjeras, dándoles así contenido de trabajo a los diputados.
Lea También: Nicaragua es el segundo país de Centroamérica donde más caro resulta aprobar leyes
Jefe del PLC culpa a falta de independencia
Maximino Rodríguez, jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), hace la autocrítica de que la Asamblea está en deuda con los ciudadanos, pero lo atribuye al sometimiento al poder político del régimen.
«Eso es realmente la dictadura, donde no hay independencia de los poderes del Estado. Específicamente la Asamblea nos convocaron a sesiones sin haber agenda, a última hora sacan algo que no responde a la emergencia sanitaria que enfrentamos. Es una triste realidad que la Asamblea perdió su independencia», señaló Rodríguez, excandidato presidencial.
Desde que el dictador Ortega retomó el poder en 2007 se ha encargado de destruir la institucionalidad del país, copando partidariamente las instituciones y haciendo que todos los poderes de Estado respondan a sus intereses políticos.
Rodríguez cuestionó que en Nicaragua «desde hace un buen tiempo no existe Estado de derecho», siendo esa una de las principales demandas del pueblo y de la comunidad internacional.
Puede interesarle: Régimen anula el combate al narcotráfico en el acuerdo para ingreso de militares a Nicaragua
«Los preceptos de los cuatro poderes de Estado son inexistentes, porque todos se ciñen estrictamente a la agenda del Ejecutivo», afirmó el jefe del PLC en la Asamblea.
El sociólogo y analista político, Óscar René Vargas, explicó que «el proceso de implosión» en el país por las crisis política, económica y sanitaria afecta a la Asamblea Nacional de varias maneras.
«Incapacidad de tener iniciativas propias, lo que queda al desnudo su subordinación al Poder Ejecutivo. No tener ninguna propuesta ante la crisis sanitaria de parte de la oposición funcional con representación en la Asamblea Nacional», dijo Vargas.
Clase política tradicional sin propuesta
Identificó el analista otro factor y es que la clase política tradicional «gubernamental y oposición zancuda o funcional, se hace evidente su falta de propuesta y desnuda la crisis interna de cada organización».
«Se hace evidente que la Asamblea Nacional es solamente una correa de transmisión de las decisiones del régimen, que también no tiene nada que decir. Por lo tanto, mantiene la estrategia de ‘inmunidad de rebaño’ o ‘guerra biológica», aseguró Vargas.
A consideración del sociólogo el liderazgo politico ha sido rebasado por la combinación de las constantes crisis que ha enfrentado Nicaragua, quedando evidente su ineptitud ante la pandemia del Covid-19, la recesión económica y la crisis de derechos humanos.
