El ministro secretario de Daniel Ortega para políticas nacionales, Paul Oquist, ha pedido al gobierno de Alemania que influya en la Unión Europea para que quite las sanciones impuestas a algunos funcionarios de la dictadura de Nicaragua, acusados por corrupción y violaciones masivas de los derechos humanos de los nicaragüenses.
En una videoconferencia de cancilleres de América Latina con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, el prominente funcionario orteguista dijo que “es un buen momento para que Alemania influya en la Unión Europea, para que esta levante sus medidas coercitivas, porque en tiempos de pandemia es un crimen de lesa humanidad impedir la capacidad de respuesta de los países afectados”.
Un día antes, Oquist había intervenido en un foro en las Naciones Unidas promovido por varias dictaduras sobre las cuales pesan merecidas sanciones internacionales, y planteó la misma demanda de que le suspendan las sanciones externas a los funcionarios corruptos y violadores de los derechos humanos.
Paul Oquist no es el canciller de Ortega, pero es su operador político que vaga por el mundo y participa en cuanto foro internacional le es posible, con el objetivo de tratar de justificar las atrocidades de la dictadura y pedir que les quiten las sanciones a sus funcionarios.
Ha sido una desfachatez del representante de la dictadura, decir que las sanciones personales impuestas por la Unión Europea a seis funcionarios orteguistas impiden que el régimen afronte la pandemia y son por eso un crimen de lesa humanidad. Las sanciones son personales, repetimos, y no perjudican la capacidad de actuar del régimen
Además, acusa a la Unión Europea el representante de un régimen que con abundancia de pruebas es acusado por organismos internacionales de derechos humanos, de cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo durante la matanza que perpetró para aplastar la rebelión ciudadana pacífica de 2018.
No podemos saber qué piensan los gobernantes de Alemania —que a partir del 1 de julio próximo asumirá la presidencia semestral de la Unión Europea—, de la insólita acusación que le ha hecho la dictadura de Nicaragua por medio del ministro secretario Oquist.
Alemania es un país y Estado ejemplarmente democrático en Europa y el mundo. Esta misma semana la canciller alemana Angela Merkel reiteró su posición de principios, de que la convivencia pacífica internacional se basa en que “no es el derecho del más fuerte, sino la fuerza del derecho lo que ha de aplicarse”.
Esa regla aplica o tiene que ser aplicada también a la situación interna de los países. En Nicaragua se ha impuesto de manera brutal el falso derecho del más fuerte, que es el dictador Ortega, sobre el legítimo derecho de los nicaragüenses a vivir en libertad y democracia. De manera que lo que debería decir el gobierno de Alemania a Ortega, es que suspenda las sanciones brutales que le ha impuesto a su pueblo, para que se puedan suspender las penas personales que pesan sobre unos cuantos funcionarios corruptos y represivos de su dictadura.
