La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia condenó la “actitud arrogante e inhumana” de la dictadura orteguista al prohibir a través del Ministerio de Salud (Minsa), a monseñor Rolando Álvarez la instalación de los Centros de Prevención Médica para combatir el Covid-19, en el departamento de Matagalpa.
La acción del régimen también la criticó monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, diciendo que respondían a “fuerzas oscuras” que tratan de evitar las acciones de bien de la Iglesia católica.
“¡Qué pena que haya fuerzas oscuras que impida el bien!”, expresó su cuenta de Twitter el obispo Báez, quien sigue en Roma por pedido del papa Francisco.
Mi admiración por mi hermano Mons. Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, por la iniciativa de Centros de Prevención Médica para combatir el Covid-19. Queda constancia del espíritu samaritano de la Iglesia. ¡Qué pena que haya fuerzas oscuras que impida el bien! @DiocesisdeMat
— Silvio José Báez (@silviojbaez) April 6, 2020
Báez se solidarizó con el obispo de Matagalpa por la represión que sufrió solo por impulsar la iniciativa de los Centros de Prevención Médica para combatir el Covid-19. “Queda constancia del espíritu samaritano de la Iglesia”, expresó el arzobispo de la Arquidiócesis de Managua.
El obispo Álvarez, el domingo de 5 abril en la mañana, anunció que junto a 15 médicos matagalpinos la implementación del proyecto diocesano cuyo objetivo principal es prevenir o disminuir el riesgo de contagio por coronavirus en los habitantes de Matagalpa, el segundo con mayor población, después de Managua.
Pero, pocas horas después el Minsa le notificó al obispo de Matagalpa que no podía realizar el proyecto Centros de Prevención Médica (CPM) que incluía un sistema de call center. Médicos voluntarios y comunicadores participarían en el proyecto para ayudar en la prevención del contagio del nuevo coronavirus, afin de evitar la propagación de la pandemia.
Los grupos opositores agrupados en la Alianza Cívica en un comunicado este 6 de abril expresó “su más profunda condena por la negativa del Minsa de permitirle a monseñor Rolando Álvarez, Obispo de la Diócesis de Matagalpa a realizar acciones, junto con un grupo de médicos, de prevención y atención de la población frente al coronavirus”.
“La actitud arrogante e inhumana del régimen sólo demuestra la falta de humanidad frente a una pandemia que ha cobrado más de setenta mil muertos en el mundo”, criticó la Alianza Cívica en su pronunciamiento.
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El Minsa registra solo seis casos confirmados de coronavirus en el país, supuestamente todos han sido ciudadanos nicaragüenses que regresaron del extranjero. De los casos uno falleció, dos han sido dados de alta y tres siguen activos. Sin embargo los datos del Minsa son cuestionados por epidemiólogos y otros especialistas independientientes debido a que no se brinda la información sobre cuántas pruebas se han hecho en el país, de qué zonas son los casos positivos entre otras dudas que el régimen no aclara.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han mininizado la pandemia del nuevo coronavirus que ha infectado a más de un millón de personas en el mundo y que sigue imparable. En Nicaragua las autoridades actúan contrarias a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al promover que la gente participe en actividades de aglomeración, como marchas, actividades religiosas y de turismo lo que podría provocar masivos contagios del Covid-19.
La Alianza Civica recordó en su pronunciamiento que los especialistas han señalado “que ante la inminente llegada de la pandemia a Nicaragua, es primordial establecer redes solidarias comunitarias”, como las que impulsaba monseñor Álvarez , “para hacerle frente al virus, reducir los contagios y salvar valiosas vidas humanas”.
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La oposición denunció a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional lo que calificaron de “iresponsable actitud del régimen” de Ortega y Murillo que “lejos de promover las recomendaciones de los organismos internacionales” para prevenir la pandemia del Covid-19, “más bien se ha encargado de hacer lo contrario, y con esta última acción, incluso llegan a la prohibición de iniciativa solidarias de la comunidad”.
“Ninguna autoridad puede pasar por encima del juramento hipocrático de los médicos, que señala que el médico deberá desempeñar su profesión con conciencia y dignidad, siendo la salud y la vida, la prioridad”, reclamó la Alianza.
El régimen Ortega yMurillo ha criminalizado la atención médica en los hospitales públicos puesto que, desde abril del 2018, con el estallido de las manifestaciones sociales que demandaban la salida del poder de la pareja dictatorial, se ordenó a las autoridades del Minsa que no se atendieran a los protestantes heridos en los centros público. Esos abusos a los derechos humanos son parte de los informes de los organismos internacionales, que calificaron de delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicaragua durante la jornada sangrienta de represión al pueblo.
La Alianza Cívica llamó a los nicaragüenses a seguir “de manera auto convocada haciendo caso a las recomendaciones de distanciamiento físico e higiene para poder reducir la curva de contagio y así salvar vidas humanas”.
UNAB lamentó enfoque politizado
Guillermo Incer, del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), señaló que la dictadura da “un enfoque politizado” de la pandemia del coronavirus lo que expone más vidas en peligro, “porque resta el debido carácter de urgencia” a una enfermedad que “ha hecho colapsar los sistemas de salud de la mayoría de los países del mundo”.
Incer refirió que las acciones de monseñor Álvarez se amparan en las leyes del país, como la Ley General de Salud, que estable que cualquier persona u organización “está en el derecho de resguardar su vida y la comunidad en la prevención de enfermedades”. “El Minsa no solo está abusando de su autoridad, sino además violando la Ley”, afirmó Incer.
El bloqueo del Minsa al proyecto impulsado por el obispo de Matagalpa fue valorado como “una violación gravísima de derechos humanos”, además de “un atentado al derecho a la vida”, por la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
Núñez dijo que el proyecto de los Centros de Prevención Médica de monseñor Álvarez era viable y la agresión que se está cometiendo no solo se focaliza contra el religioso o la diócesis, sino también contra el pueblo de Matagalpa y los mismos médicos que estaban prestos para participar del proyecto.
Actitud “criminal”
La exministra de salud, Dora María Téllez, expresó que la posición del Minsa es “criminal” y va contrasentido, puesto que los demás gobiernos han pedido auxilio a organizaciones, a voluntarios para enfrentar el gran desafío que implica la pandemia por covid-19. “Pero solo en Nicaragua se ve a un Ministerio de Salud junto al régimen orteguista prohibiendo ayuda, prohibiendo que haya médicos que se ofrezcan a apoyar, prohibiendo la orientación preventiva a la población sobre cómo enfrentar el coronavirus”, criticó Téllez.
“ El régimen orteguista no solo ha puesto en riesgo a la población a través de los eventos, sino que tampoco se han preparado en el sistema de salud para enfrentar lo que se viene, y lo peor es que tampoco acepta aportes, dijo.