4PM, sábado 23 de noviembre en Bogotá, Colombia. Las protestas y cacerolazos empiezan a ser dispersados por las fuerzas antidisturbios. En medio del caos, Dilan Cruz, un joven manifestante, toma una bomba lacrimógena.
La agarra con su mano, protegida de un guante rojo, y la devuelve a quienes la dispararon, los funcionarios del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Y sale a correr. Cuatro segundos después, se escucha un disparo y Cruz se desploma en el piso; inconsciente, inmóvil.
Los diferentes videos publicados en las redes sociales, examinados por BBC Mundo, luego muestran a decenas de personas rodeándolo, entre gritos de “le dispararon”, “lo mataron”, hasta que llegan paramédicos, que le practican reanimación cardiopulmonar.
Casi media hora después, Cruz es internado en el Hospital San Ignacio, a 5 kilómetros de distancia. El paciente presenta un trauma craneoencefálico. Un objeto entró en su cabeza. Le inducen un coma. Debe ser operado.
“Dilan sigue luchando aunque todavía está muy grave“, reporta su familia el domingo. Para entonces el joven, de 18 años, ya es un símbolo de las protestas que cumplen 5 días en Colombia.
Su caso, que se suma a decenas de denuncias de abuso de la fuerza por parte de las autoridades, conmociona al país. Políticos de todas las ramas se pronuncian. Su familia pide “privacidad”.
Y mientras tanto, lo que empezó como un paro nacional el jueves contra el gobierno de Iván Duque se convierte en una defensa del derecho constitucional a la protesta, entre otras cosas; en una defensa de la vida de un joven estudiante del sur de Bogotá, la zona más pobre de la capital colombiana.
Entre jueves y sábado, la secretaría de Salud ha registrado 351 manifestantes y 182 policías heridos. El ministerio del Interior reporta tres muertes.
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Las versiones sobre el caso
El domingo, cientos de personas se reunieron a las afueras del hospital en una vigilia para manifestar apoyo al manifestante herido.
Decenas de miembros de la prensa se afincaron allí a la espera de un nuevo parte médico. Una reconocida periodista de derecha, Salud Hernández, fue expulsada con gritos de “bandida, fascista, aquí no es bien recibida”.
Y en la esquina donde Cruz fue herido, en la calle 19 con carrera 4, una zona usualmente caótica del centro de la ciudad, ya hay velas, pancartas y grafitis en homenaje del joven estudiante.
Tanto la Procuraduría, encargada de controlar a funcionarios públicos, como la Defensoría del Pueblo, órgano que defiende los derechos humanos, abrieron investigaciones y manifestaron preocupación porque las fuerzas de seguridad impidan protestas pacíficas, alertaron del uso de la fuerza “desmedido” y pidieron el respeto de la Constitución, que garantiza que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”.
El presidente Duque también se pronunció: “Lamentamos que el joven Dilan Cruz haya resultado herido durante los hechos que se presentaron hoy en el Centro de Bogotá. He ordenado la investigación urgente de este caso para esclarecer rápidamente lo sucedido y determinar responsabilidades. Nuestra solidaridad con su familia”.
Otros dirigentes políticos, como la alcaldesa electa de la capital, Claudia López, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, visitaron a la familia.
Algunos simpatizantes del gobierno, como la senadora María Fernanda Cabal, señalaron a los padres como responsables: “Los menores de edad deben estar a esa hora en sus casas. Éste joven está siendo instrumentalizado por adultos perversos para que les sirva de trofeo en su lucha revolucionaria”.
Simpatizantes del gobierno publican el video en el que Cruz lanza la bomba lacrimógena como prueba, según argumentan, de que la respuesta del Esmad fue proporcional.
También denuncian una supuesta doble moral ante la falta de indignación social por la muerte de tres policías en un atentado el viernes a una Comisaría en el noreste del país, cuya relación con las protestas es desconocida.
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Un símbolo
Pero más allá de los detalles y responsables, Dilan Cruz está por convertirse es un símbolo de las protestas que este lunes están nuevamente convocadas. El caso recuerda, guardadas las proporciones, a los jóvenes que suelen dar nombre y apellido, causa y rostro, a los movimientos de protestas en América Latina y el mundo.
Cruz estaba por terminar el último grado en el Colegio Ricaurte, una escuela pública en el centro de la ciudad.
Aunque uno de sus compañeros dijo a la prensa que Cruz protestaba porque le habían negado un crédito educativo, la institución señalada, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), dijo no haber recibido su solicitud.
Otra universidad distrital, la Universidad Pedagógica, ofreció este lunes un cupo a Cruz, y expresó “toda nuestra solidaridad y apoyo a Dylan y a su familia, para quienes nuestra universidad ofrece asistencia psicológica y psicosocial a bien lo requieran los familiares”.
El país está pendiente de lo que ocurra con Cruz, pero, pase lo que pase, su caso le dio fuerza e inspiración al movimiento inédito que está ahora en las calles de Colombia.
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