El secuestro de 13 miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco por parte de la Policía Orteguista, y su posterior encarcelamiento arbitrario, han generado una ola de reacciones y condenas contra el actuar cada vez más brutal de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
Una de las condenas es del Grupo Socialista y Demócrata de la Unión Europea, que anunció estar listo para pedir sanciones específicas por estos nuevos abusos.
Listos para pedir sanciones
“Nos solidarizamos con los activistas políticos nicaragüenses y sus familias que sufren una represión gubernamental inaceptable y exigimos su liberación inmediata. Estamos listos para pedir a la UE que imponga sanciones específicas”, dijeron los europeos en su cuenta de Twitter.
De igual manera, el congresista estadounidense Albio Sires exigió la liberación inmediata de los 13 ciudadanos que fueron detenidos en Masaya y de los 139 presos políticos que se encuentran detenidos en las cárceles, según los organismos de derechos humanos. El congresista compartió en su cuenta de Twitter un comunicado de la UNAB denunciando la situación que enfrentan las 13 personas por la policía bajo servidumbre del régimen.
Sires, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE. UU.), envió hace dos semanas una carta al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en la que solicitó investigar de cara a posibles sanciones a siete personajes afines a la dictadura orteguista, incluidos un alcalde y jueces.
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María Amelia Coronel, ministra de Gobernación; Ana Julia Guido, fiscal general; Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Adolfo Marenco, subdirector de la Policía Orteguista; el juez Julio César Arias; el juez Henry Morales Olivares y el alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón, son las personas que el congresista solicita que sean investigadas por el Departamento del Tesoro.
Artillería mundial de los derechos humanos
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su cuenta de Twitter, instó al cese inmediato de “la persecución y proceder a liberar a los presos políticos”.
La CIDH dice que la detención contra los ciudadanos “evidencia que el Estado de Nicaragua continúa con acciones de represión a víctimas de la crisis de derechos humanos que afecta al país desde abril de 2018; así como el cierre de espacios de participación y expresión democrática”.
De igual modo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, condenó la detención de los 13 ciudadanos.
“Es inconcebible que un acto de humanidad se responda con represión. El gobierno de Nicaragua debe liberar a estas y a todas las personas que aún están en prisión por ejercer sus derechos a manifestarse”, dijo en sus cuentas de redes sociales.
A la condena se han sumado más organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto locales como internacionales.
Condenas de todo tipo y tamaño
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), así como la Red Internacional de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) pidieron la liberación de los nicaragüenses.
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“El Cenidh exige que se respete la integridad física y psicológica de los periodistas independientes”, señaló el organismo de DD. HH. en su cuenta de Twitter.
“Las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como la integridad y seguridad de estas mujeres y del padre Edwin Román”, cita una declaración de Oacnudh.
El Partido Socialista Obrero Español demanda la liberación de los trece ciudadanos y exige al régimen el cese de la represión contra los manifestantes.
Asimismo, el eurodiputado Miguel Urbán Crespo condenó la detención de los ciudadanos.
“En Nicaragua nada es normal. El orteguismo sigue impune, encarcelando y reprimiendo cualquier protesta”, denunció en su cuenta de Twitter.