Las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen orteguista, en contra de la población el último año, hundieron todos los índices de libertades en Nicaragua, a tal nivel que el país es percibido junto a Cuba y Venezuela como los menos democráticos de América Latina, según el proyecto mundial “Variedades de la Democracia”.
El país obtuvo un puntaje de 5.8 de cien en el índice de democracia liberal, de acuerdo con el organismo.
A la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), le preocupa que el acelerado retroceso de las libertades está acabando con las pocas posibilidades de lograr atraer inversionistas a Nicaragua en el contexto de crisis.
Lea además: Abundan pruebas en Naciones Unidas sobre la represión del régimen de Daniel Ortega
Funides explica en su reporte de mayo sobre la crisis política, social y económica de Nicaragua que el proyecto “Variedades de la Democracia”, con base en Suecia, es uno de los más completos monitoreos en el mundo y es de los principales insumos para los inversionistas, pues su “índice de democracia liberal le da un peso preponderante al Estado en las condiciones para el ejercicio de las libertades”, lo que permite medir el riesgo o ventaja de poner su dinero en un país.
“En 2018, la caída del índice de democracia fue la tercera mayor caída en los últimos 20 años y fue tal que Nicaragua desplazó a Cuba como el país menos democrático en América Latina, solo lo supera Venezuela”, resalta Funides.
Otros organismos internacionales, como Freedom House y la revista The Economist Intelligence Unit, han señalado que por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua debido a la represión perpetuada por el régimen de Daniel Ortega, hoy se considera que es una nación donde no hay libertades o donde existe un régimen autoritario.
El proyecto Variedades de la Democracia en su medición del índice de democracia liberal sostiene que el deterioro en la institucionalidad en Nicaragua “se refleja principalmente en el incremento en la dificultad para que la población pueda ejercer sus libertades civiles políticas”.
Severa represión en todo
Para evidenciar el deterioro, el organismo indica que existe una severa represión en contra de las organizaciones de la sociedad civil; los periodistas y medios de comunicación sufren una “directa y rutinaria” censura y acoso por parte del Estado.
En lo referido a la libertad individual, se afirma que los indicadores de tortura y asesinatos políticos son “débilmente respetados por las autoridades”.
También: Régimen orteguista mantiene asedio y amenazas en contra de médicos autoconvocados
“Esto es histórico”, explicó Funides, porque en 2017 aún se percibía que esos dos últimos indicadores eran mayormente respetados por las autoridades. “Y estos son los que más peso tienen en la democracia liberal porque de nada sirve que llevés elecciones transparente si no tenés el núcleo de las libertades civiles a través de la cual el soberano, que es el pueblo, puede ejercer sus demandas a los tomadores de decisiones”, se afirma.
Organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han sostenido en sus informes que la política represiva ejecutada por fuerzas gubernamentales a las manifestaciones ciudadanas supone crímenes de lesa humanidad.
Lea además: Dictadura de Daniel Ortega somete a horrores a los presos políticos
Más de trescientos asesinatos, miles de heridos, unos setenta mil exiliados y ochocientos presos políticos es parte del saldo de las violaciones a los derechos humanos desde el 18 de abril del 2018 que registra la CIDH. La represión se ha agudizado con la imposición de un Estado policial.
De acuerdo con Funides, el proyecto Variedades de la Democracia señala que en los últimos veinte años Nicaragua ha sido la segunda nación con mayor retroceso democrático en América Latina, pues los datos históricos reflejan que en el índice de democracia liberal se ha reducido un poco más de cuarenta puntos.
El centro de pensamiento afirma que la persistente violencia como respuesta del régimen de Ortega a las manifestaciones agrava más la crisis, incrementando el riesgo país, deteniendo el proceso inversionista y dejando local e internacionalmente aislado al Gobierno.
“El problema de estos reportes es su gran eco internacional porque son los que toman los inversionistas extranjeros para decidir dónde poner su dinero. (…) No se mueven donde los retrocesos democráticos son grandes porque eventualmente comienzan a violarse no solo las libertades civiles, sino también económicas. La señal de estos informes es que no somos un país donde la inversión valga la pena”, advierte Funides.