El 30 de abril de 2019 venció la última prórroga que la Asamblea Nacional aprobó para la validez de las cédulas de identidad ciudadana vencidas en enero de este año. Esta semana en cajas de los diferentes bancos del sistema financiero del país regresaron a varios clientes que portaban la cédula de identidad vencida.
Esta problemática, lejos de resolverse de fondo a través de la planificación de trabajo y campañas cívicas de parte del Consejo Supremo Electoral (CSE), para que la población realice esta gestión, cada vez se vuelve más compleja, coincidieron Dionisio Palacios, exdirector nacional de cedulación, y Rosa Marina Zelaya, expresidenta de este poder del Estado.
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Según Zelaya, el vencimiento del documento de identidad trae serias consecuencias de indocumentación ciudadana y lo único que puede hacerse en este caso es aprobar nuevamente una reforma a la Ley Electoral, para extender nuevamente la vigencia de las cédulas vencidas.
A la fecha se desconoce cuántas cédulas están vencidas, por el hermetismo con que este régimen maneja la información pública, pero hace cinco años se hablaba de dos millones de cédulas. Sin embargo, este dato crece cada año por los nuevos vencimientos y se suman las personas que la han perdido, explicó Palacios.
CSE no tiene interés
Para Palacios, esta institución (el CSE) no ha atendido debidamente el tema porque no le interesa que toda la población esté cedulada, ante la posibilidad de un adelanto de elecciones presidenciales y parlamentarias, por la actual crisis sociopolítica que hay en el país desde el 18 de abril de 2018.
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“Se las garantizan solo a los de su partido. Creo que es un problema permanente por inoperancia del Consejo, porque no ha tenido la ampliación del servicio de cedulación y renovación de este documento, hay falta de planificación técnica. No veo programas emergentes para sanear esta situación, ni campañas cívicas para llamar a la población a renovar su documento de identidad”, dijo Palacios.
El exfuncionario expresó que podrían hacer uso de oficinas móviles para salir a cedular en municipios rurales alejados de las cabeceras departamentales, “pero debería ser masivo no solo para los miembros de un partido, como se ha venido haciendo”.
Última prórroga fue en enero
La última prórroga del documento de identidad se hizo en enero de este año —cuando la mayoría de cédulas expiraba el 31 de enero—, a través de la aprobación de la Ley 152, Ley de Identificación Ciudadana, con el objetivo de ampliar la vigencia de las cédulas hasta el 30 de abril del 2019.
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Antes de esta prórroga la Asamblea Nacional había aprobado una reforma a la Ley de Identificación Ciudadana, el 18 de diciembre de 2014, cuando extendió la vigencia de la cédula hasta el 31 de enero de 2019.
Rosa Marina Zelaya: Trabajo técnico inadecuado
Zelaya coincidió en que hay un trabajo técnico inadecuado, sin planificación y deja a un lado su razón de ser un poder del Estado en trabajo permanente. A esto se suma el problema de la partidarización y alta desconfianza en el CSE. “Las cédulas de identidad son soporte del registro civil de las personas, soporta del padrón electoral, el cual no se ha depurado en mucho tiempo”, agregó la exfuncionaria.
Otra problemática que se suma a esta situación de indocumentación ciudadana, recordó Zelaya, es que el CSE está en un impase donde todos los magistrados que lo componen tienen el período constitucional vencido para el que fueron nombrados.
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“Ahorita son tenedores nada más y deberían estar rompiendo estos impases en las negociaciones con la Alianza Cívica, que la Asamblea apruebe una nueva prórroga y que las nuevas autoridades vengan a realizar ese trabajo que es enorme de cedulación, renovación y actualización del padrón electoral para efectos de elecciones anticipadas o lo que vayan a hacer ”, dijo Zelaya.
Sin cédula vigente y en desempleo
El costo de la renovación de cédula es de C$300. Aunque no se vea cara para algunos, para muchos que están en desempleo sí lo es, afirmó Dionisio Palacios, exfuncionario del CSE.
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Las nuevas circunstancias económicas del país han provocado el cierre temporal de pequeñas empresas, cierre de negocios y reducción de personal en empresas grandes, causando desempleo masivo en la sociedad nicaragüense, por lo que sería imposible para muchos pagar ese costo.