A casi siete meses de la represión ejecutada por el régimen Ortega-Murillo, la Asociación de Madres de Abril (AMA) demandó el cese de inmediato de cualquier tipo de represalias en contra de quienes exigen el cumplimiento de sus derechos constitucionales.
A través del manifiesto “Por la verdad, la justicia y la reparación integral”, esa asociación conformada por madres y familiares de los asesinados por la dictadura denunció que siguen siendo víctimas de la represión perpetrada por el régimen.
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“Denunciamos que nuestros hijos, esposos, hermanos, sobrinos, nietos y nosotros, sus familiares, hemos sido y seguimos siendo víctimas de la actuación represiva y criminal abierta o encubierta, por acción u omisión del Estado nicaragüense, a través de las fuerzas policiales y parapoliciales y demás estructuras de carácter represivo”, dice el manifiesto.
Destacan entre otras formas de represión que siguen sufriendo el acoso, intimidación, estigmatización, criminalización, judicialización, despidos y expulsión de centros de estudios . Todo esto debe cesar.
Desarme de paramilitares
Una de las principales exigencias que hace AMA al régimen es la desmovilización efectiva y verificable de las fuerzas parapoliciales, lo cual dice debe realizarse “con total transparencia y en concordancia con el derecho internacional, de modo que los principios de verdad, justicia y reparación se garanticen para las víctimas y la sociedad”.
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Igualmente, las madres urgen la libertad “en el menor plazo posible y de manera incondicional a todos los presos políticos” y la creación de la fiscalía especial propuesta por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Así como un mecanismo independiente que posibilite el acceso a recursos judiciales y administrativos que les permita “el juzgamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos”, procesos en los que reclaman participación de las víctimas y sus organizaciones.
De acuerdo con la CIDH, 325 personas han sido asesinadas durante estos casi siete meses de crisis sociopolítica en Nicaragua, mientras organizaciones como la Asociación Nicaragüenses Pro Derechos Humanos (ANPDH) ha llegado a registrar 535 muertes.
Conocer la verdad
AMA recuerda que la responsabilidad del régimen ha sido claramente establecida en los informes de organismos como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la CIDH.
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Por tanto, considera que “para avanzar hacia la nación que todos queremos, merecemos y necesitamos es necesario que la construyamos sobre pilares basados en la verdad, la justicia, la libertad y la democracia”.
Para ello exigen investigaciones prontas, serias, independientes e imparciales, que les permita conocer toda la verdad sobre los crímenes cometidos durante estos casi siete meses de represión. Y que una vez descubierta la verdad se les dé a conocer de la manera más amplia posible.
Rechazan amnistía
AMA demanda también la activación de procesos judiciales justos, en los que sea aplicado el principio de imprescriptibilidad. Asimismo que ante los crímenes que han sido cometidos durante este período en Nicaragua, no sea permitida la impunidad, para lo cual rechazan la posibilidad de una amnistía o de indulto. A su vez exigen una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos, la aceptación de las responsabilidades, aplicación de sanciones respectivas y garantías de no repetición de tales hechos.
Reparación es fundamental
La Asociación de Madres de Abril (AMA) a su vez reclama que las familias de las víctimas causadas por la violencia promovida por el régimen puedan alcanzar la reparación integral.
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Según AMA, esto pasa por la restitución de sus derechos humanos, la identidad, la vida familiar, el regreso al lugar de residencia, la reintegración a su puesto laboral o de estudio, devolución de sus bienes, entre otros. Y también representa que les sea otorgada una indemnización por todos los perjuicios cometidos. Estos daños, dice AMA, deben ser “económicamente medibles” . Entre los perjuicios han considerado tanto lo físico como lo mental, así como por bienes materiales y lucro cesante, pérdida de oportunidades, perjuicios morales, los gastos incurridos en asistencia legal, médica y psicológica, entre otros.
Igualmente reclaman que sea contemplada la rehabilitación integral de las familias de las víctimas, a fin de que estas puedan recuperarse de todas las secuelas psicológicas y físicas derivadas de la crisis enfrentada.