Algunos piensan que la amnistía forzosamente es parte de la negociación en la salida pacífica del dictador, lo que conduce a una contradicción con la exigencia de verdad y justicia. En la crisis centroamericana del siglo pasado, la amnistía no formó parte de los acuerdos de paz y, por el contrario, como revelan los alcanzados en Guatemala y El Salvador, la preocupación fundamental fue sacar a luz la verdad, evitar la impunidad y reparar a las víctimas.
Otra cosa fue el cumplimiento de esos acuerdos, frente a los cuales los gobiernos, con las mayores cuotas de responsabilidad, aprobaron amnistías que vinieron a dificultarlos. El deseo de echar tierra a los excelentes informes y recomendaciones de las comisiones de paz que trabajaron en ambos países, se volvió interés compartido por las principales fuerzas políticas.
En nuestro caso no hubo acuerdos de paz y las amnistías e indultos se decretaron con posterioridad, tanto al derrocamiento de Somoza como a la pérdida de las elecciones por el sandinismo. En la transición democrática de los 90, los contendientes mostraron escaso o nulo interés y la verdad y la justicia fueron vistas más como obstáculos que como fundamentos de la estabilidad y reconciliación.
Cierto, nuestra situación actual no es un conflicto bélico, teñido de contradicciones ideológicas e intereses de clase; pero, a diferencia del pasado, hay una amplia conciencia colectiva de que solo la verdad y la justicia podrán garantizar una paz y democracia auténticas y evitar la repetición del círculo vicioso de guerra y dictadura.
La amnistía no depende de la oposición democrática, excluida como está del órgano competente, la Asamblea Nacional, para legislar sobre esa materia. Es asunto no solo moral y políticamente innegociable, sino fuera de su competencia, pues tampoco puede comprometer el voto de los diputados eventualmente electos en unas futuras elecciones. Los centenares de personas injustamente encarceladas y sometidas a grotescos remedos de juicios no piden una amnistía, por delitos que jamás cometieron. Exigen la anulación de las farsas judiciales a que han sido sometidos, algo que solamente podrá hacerse cuando exista un verdadero Estado de Derecho y un sistema de justicia independiente.
Por último, pero no menos importante, también existe un obstáculo de naturaleza jurídica, que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y sujetos a jurisdicción universal. Así lo ha reconocido la doctrina y el estatuto de la Corte Penal Internacional y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional de El Salvador. Frente al Derecho internacional y constitucional, en lo que atañe a esta categoría de delitos, las leyes de amnistía son nulas o carecen de validez y eficacia.
