El régimen de Daniel Ortega ha desatado su ira contra el gremio de abogados, al que persigue, amenaza, insulta y acusa, situación que ha provocado que algunos huyan del país.
De esta manera la dictadura extendió su represión contra profesionales, represión que comenzó con asedio y despidos en masa de médicos y docentes del país por apoyar las manifestaciones cívicas contra el régimen.
Desde inicios del 2018, el gremio de abogados de Nicaragua ha sido beligerante en protestar contra las arbitrariedades por parte del poder judicial en el ejercicio de sus funciones. Además, han denunciado la aprobación de leyes y acuerdos que reforman ilegalmente la Constitución de la República y demás leyes procesales, en perjuicio de los nicaragüenses.
Asimismo, algunos de estos han prestado servicio de defensoría para autoconvocados que están siendo procesados por el régimen.
Por todo eso, dicho gremio ahora está pagando el precio por levantar la voz contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues han sido asediados, amenazados de muerte, golpeados por grupos paramilitares, denigrados por jueces, apresados y acusados de terroristas, según la Unión Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua (Unanic).
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La Fiscalía y el poder judicial son parte de los verdugos legales contra los abogados, pues los amenazan de acusarlos legalmente por patrocinio infiel como ocurrió con el abogado Boanerge Fornos, representante de la familia del periodista asesinado Ángel Gahona, en el marco de las protestas cívicas que estallaron en abril pasado. La familia de Gahona apunta a la Policía Orteguista como la responsable de la muerte del periodista.
Fornos alegó durante el juicio que existía duda razonable a favor de los procesados Brandon Lovo y Glen Slate, pues no se encontró prueba que los incriminara con el asesinato de Gahona. Eso ocasionó que la Fiscalía lo amenazara.
LA PRENSA / M. VÁSQUEZ
De igual manera, el martes 2 de octubre, el abogado Julio Montenegro fue denigrado por la juez Adela Cardoza, titular del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, quien lo llamó “bisoño” y le dijo que interpondrá una queja en su contra ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Todo ocurrió durante el juicio de doce autoconvocados de Tipitapa.
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“Concretó la amenaza de abrirme informativo ante la Corte, me limitó el ejercicio a la defensa, indicaba a los testigos que no respondieran a mis preguntas, fue fiscal y juez durante el juicio, me quitó de oficio la defensa de los procesados, pero estos me ratificaron en audiencia. Además, llamó mentirosos y falaces a mis testigos, porque contradecían la tesis de la Fiscalía”, relató Montenegro.
Esta situación ocurre en todos los tribunales del país. Por ejemplo en el Complejo Judicial de Somoto, cabecera departamental de Madriz, operadores políticos orteguistas bloquean la labor de un grupo de abogados, a los que tildan de opositores al Gobierno, por supuestamente apoyar las protestas contra la dictadura orteguista.
Entre las acciones que realizan los funcionarios orteguistas, entre ellos jueces, administrativos, fiscales y defensores públicos, en contra de varios abogados, están campañas de desprestigio y ataques en las salas de los juzgados, pasillos y oficinas del complejo, limitan el acceso a los expedientes de los casos, emiten sentencias o resoluciones judiciales adversas y comentan que el grupo de litigantes son tranquistas o golpistas.
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Entre los abogados que han visto limitado sus labores por el grupo de operadores políticos del orteguismo en Somoto, están Daniel Mendiola Salinas, Claudia Marieta Medina, José Evenor Peralta, Gonzalo Hernández Cáceres y Armando Barahona, entre otros.
PRENSA/M. ESQUIVEL
“Estos abogados nunca van a volver a ganar un caso mientras estemos nosotros como jueces”, se escucha comentar en un audio a uno de los judiciales en una reunión de empleados que forman parte del Consejo de Liderazgo Sandinista (CLS), una estructura de control institucional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en Somoto y demás tribunales del país.
Abogados abandonan oficio por hostigamiento
“Yo ya dejé de litigar en el Complejo Judicial, porque la verdad es que esa gente lo tiene a uno como enemigo del Gobierno y hasta te hacen campañas de desprestigio”, comentó el abogado Armando Barahona, quien ahora se dedica a su finca en Somoto.
También Claudia Marieta Medina manifestó que la actual situación de muchos abogados que no se identifican con la línea del gobierno de la pareja presidencial de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo es crítica por los ataques de los funcionarios del poder judicial en el complejo de la ciudad de Somoto. “Hay campañas sucias de los operadores políticos de decirle a la gente que somos malos abogados y que por ser golpistas no ganaremos un solo caso en los juzgados de los jueces sandinistas”, indicó.
Asimismo, el abogado Daniel Mendiola Salinas conoce que en las salas, pasillos y oficinas del Complejo Judicial se mantiene una campaña de ataques y desprestigio en su contra por no comulgar con las políticas represivas del actual gobierno. “Ahí dicen que nosotros no vamos a ganar un solo caso, entonces que te están diciendo los jueces que perdés un juicio por capricho político. Te pasan la cuenta por no ser de los abogados orteguistas”, enfatizó.
el inicio del asedio
Cuando empezó la etapa de criminalización de la protesta, Unanic ofreció defender a los autoconvocados de forma gratuita y ahí empezó el asedio directo contra abogados que ejercían estas defensas.
“Cuando defendés a un manifestante azul y blanco entrás a la lista de abogados rebeldes, eso implica que te ponen cualquier cantidad de obstáculos y trabas en tu ejercicio profesional, te sabotean en tus otras causas para hacerte quedar mal con los clientes, tiran resoluciones adversas, sin fundamento legal o contrarias a derecho”, expresó Nelson Cortez, quien fue amenazado de muerte y acusarlo de terrorismo. Ahora está en el exilio.
El gremio de abogados previo a la explosión social del 18 de abril hizo plantones el 9 de enero y el 20 de marzo frente a la Corte Suprema de Justicia, donde una vez los recibieron, y a pesar que firmaron acuerdos no resultó en nada.
Entre abril y mayo, durante la jornada más dura de protesta, marcharon hacia la rotonda Jean Paul Genie, donde simularon velar y enterrar a la justicia nicaragüense, por considerar que esta fue asesinada por la corrupción. Por esas acciones fueron amenazados a través de redes sociales y algunos fueron víctimas de robos en sus oficinas.
Suspensión y cárcel
Según Unanic, al abrirse proceso disciplinario ante la CSJ, los abogados pueden ser sancionados con la suspensión de ejercer la carrera y en caso de delitos puede haber cárcel o inhabilitación para ejercer la abogacía.
Por otro lado, está el acoso policial y de paramilitares que ponen en riesgo la integridad física y la vida del abogado y de su familia. También los están acusando de terrorismo, financiamiento al terrorismo y crimen organizado. Muchos han optado por el exilio, otros por disminuir sus protestas públicas por miedo.
“Como Unanic nos sentimos amenazados, lo hacen a través de redes sociales, donde circuló una lista de abogados golpistas que contribuyeron supuestamente a desestabilizar el país. También hacen llamadas telefónicas anónimas”, dijo Manuel Nicaragua, presidente de Unanic.
Estos son los los abogados asediados, presos, acusados y en el exilio:
Fuente: Unidad Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua (Unanic) y LA PRENSA
- Julio Montenegro fue denigrado por la juez Adela Cardoza y amenazado de interponer queja en su contra ante la CSJ durante el juicio contra 12 autoconvocados de Tipitapa.
- Boanerge Fornos fue amenazado de ser acusado de patrocinio infiel por la Fiscalía durante el juicio por el asesinato del periodista Ángel Gahona, donde representaba a la viuda Migueliut Sandoval.
- Amy García Curtis fue amenazada de muerte. García fue defensa de Brandon Lovo, condenado sin pruebas por el asesinato del periodista Ángel Gahona.
- Carlos Cárdenas fue arrestado por participar como asesor en el Diálogo Nacional.
- José López, del Ministerio del Trabajo (Mitrab) fue deshabilitado como Procurador Laboral.
- Chester Membreño, detenido y acusado de terrorismo por supuestamente haber participado en los tranques de Masaya.
- Nardo Rafael Sequeira Baez está preso y fue acusado de terrorismo por participar en manifestaciones contra el régimen de Ortega en su municipio Acoyapa, Chontales.
- Mathil Alexander Pérez Amador quien es miembro del Movimiento Azul y Blanco de Estelí. Está preso, acusado de terrorismo por llevar alimentos al tranque de su comunidad y asesorar legalmente a autoconvocados procesados. Ya fue remitido a juicio.
- Nelson Cortez, originario de Ocotal, en Nueva Segovia, se encuentra en el exilio amenazado de muerte y de ser procesado por terrorismo.
- Erick Rivera Calderón fue agredido por paramilitares el 23 de mayo en el empalme de Yalagüina. Es miembro de Unanic.
- José Gerardo Suárez Fuentes, s exfiscal regional de Bluefields y exfiscal departamental de Chontales. Fue condecorado por el combate al crimen organizado y el narcotráfico. Está en el exilio. Tiene orden de captura, acusado de terrorismo por supuestamente participar en tranques y manifestaciones en Juigalpa, Chontales.
Rivas
- Manuel Cárcamo
- Yolanda Ruiz Villarreal
- Noel Abdul Vidaurre
- José Daniel Bejarano
- Rodrigo Rueda
- Sonia Calderon Mena
- Yarrince Vilchez. Sujetos se metieron a robar a su oficina y se llevaron dispositivos de almacenamiento de información.