¿Para qué Ortega intervendría en la próxima asamblea general de la ONU, donde se abordará la crisis en Nicaragua, que él agrava sin remedio? Un político serio llevaría una propuesta acertada en un tema sensible para la comunidad internacional, abonando a la solución progresista de la crisis.
Como la preocupación mundial versa sobre la violación de derechos políticos y, particularmente, sobre el irrespeto de los derechos humanos en Nicaragua, pesa más, visto que un hecho vale más que mil palabras, la represión con paramilitares que cualquier discurso de Ortega.
Si pretende descalificar los informes presentados por los organismos de derechos humanos, lo lógico es que en la ONU proponga que otra comisión, integrada por los países reconocidos mundialmente por su respeto a los derechos humanos, visite Nicaragua y rinda un informe independiente. De lo contrario, aunque no se percate de ello, su simple negativa de los hechos, contraria a los informes de los organismos reconocidos de derechos humanos, en lugar de desmentir la realidad, confirmaría, más bien, la discrecionalidad de su poder absolutista.
En cualquier ámbito político o técnico, interesa aclarar responsabilidades por fallas de procedimiento o por agravamiento de una crisis, para lo cual, normalmente se nombra una comisión que efectúe un análisis forense de los hechos. En ese informe independiente, la versión de la parte inculpada se somete también al análisis de las pruebas.
Así, todo veredicto en el ámbito del derecho se fundamenta en la credibilidad de la prueba pericial, conforme a normas jurídicas, técnicas o científicas.
Lo que interesa, a quien goza de cierta cultura jurídica, es que se proponga una solución legal creíble a la crisis en Nicaragua. Una propuesta positiva, que articule la salida del conflicto con el respeto de los derechos humanos. De manera que, mediante un proceso electoral legítimo, conforme a un calendario diseñado por especialistas internacionales y consensuado nacionalmente, se restablezca con urgencia el orden constitucional avasallado por Ortega. Con mayor razón, porque si no se logra organizar un nuevo orden político, cuya estabilidad se derive del respeto absoluto a los derechos ciudadanos, la economía nacional rápidamente colapsará, precipitando una grave crisis humanitaria.
A la ONU se llega con posiciones políticas en defensa de los derechos de los ciudadanos, no del gobernante, porque el interés colectivo prevalece siempre sobre el interés particular. Ortega, en cambio, parece que hablará de golpe de estado, de injerencismo en contra de su gobierno.
Si Ortega alega en la ONU que un golpe de estado injerencista ha causado la crisis de gobernabilidad, como lo ha expuesto en distintas entrevistas internacionales, la conclusión razonable, con un mínimo de pensamiento lógico, sería que Ortega llega a la ONU como dictador anacrónico, a anunciar que se queda en su finca familiar.
El autor es ingeniero eléctrico.