Los juicios contra jóvenes y adolescentes capturados en el contexto de las protestas cívicas en Nicaragua no se detienen en los juzgados de Managua. Para el 12 de septiembre y el 27 de septiembre están programados los juicios contra ocho jóvenes acusados en dos casos donde las supuestas víctimas son oficiales de policías.
Los procesados son Albert Quincel Bernard Monroe, originario de Bluefield, de 25 años, Guillermo Alberto Sobalvarro Oporta, de 22 años y un adolescente de 17 años, acusados el martes 19 de junio de supuestamente haber entrado a la fuerza a la casa del comisionado de la Policía Juan Antonio Valle Valle, jefe de seguridad pública de Managua, van a juicio el próximo 12 de septiembre.
El adolescente representado por la abogada Yonarqui Martínez, ya está en libertad, pero estuvo 28 días preso en el Sistema Penitenciario junto con adultos, violando sus derechos.
Ya estaban presos
Según acusación de la Fiscalía los hechos sucedieron el 17 de junio a las tres de la madrugada cuando presuntamente llegaron a la casa del comisionado Valle ubicada en Villa Progreso y forzaron la entrada de la vivienda y se llevaban muebles y otros enseres, pero fueron capturados por policías.
Sin embargo, los jóvenes fueron capturados por paramilitares desde el 15 de junio en el sector del mercado Iván Montenegro, por lo tanto ya estaban presos cuando sucedieron los hechos acusados.
Los otros jóvenes que van a juicio son, Alexander Tomás Téllez, Moisés y/o Elías Javier Chávez Cárcamo, José Eliecer Larios Reyes, Jonathan Francisco Lira Montes y un adolescente de 16 años.
A estos los señalan de supuestamente efectuar robos en el sector de Villa Miguel Gutiérrez, barrio 8 de Marzo y colonia Rafaela Herrera. La supuesta víctima es el oficial Delvin José Martínez, a quien supuestamente le robaron una moto y le dispararon.
Torturado
La mamá del adolescente de 16 años denunció que su hijo estuvo 20 días preso en El Chipote donde lo torturaron.
”Le quemaron los pies con ácido, los golpeaban con un tubo en horas de la madrugada y los obligaban a que se declaran culpable. Como no avisaron cuando lo llevaron a los juzgados le asignaron un defensor público que también le decía que se declarara culpable”, denunció la madre.