Por enésima vez, los empleados del poder judicial de Nicaragua negaron el ingreso a los juzgados de Managua a miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En esa fecha, en Nicaragua, el Gobierno reprimió con fuerza letal las protestas cívicas y provocó centenares de asesinatos.
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La primera vez que fueron impedidos de realizar su trabajo en los juzgados capitalinos ocurrió el 14 de agosto de 2018, cuando las autoridades judiciales argumentaron falta de solicitud por escrito a través de Cancillería; sin embargo, la semana pasada presentaron la solicitud y aun así no los dejaron entrar el lunes.
El GIEI lleva casi dos meses en Nicaragua y tampoco lo han dejado entrar a las celdas de Auxilio Judicial Nacional de la Policía Nacional, conocido como El Chipote.
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Claudia Paz y Amérigo Incalcaterra, miembros del GIEI-Nicaragua, solicitaron por escrito el ingreso a los juzgados capitalinos, para estar presentes el lunes 27 de agosto en el último día de juicio que se lleva contra los blufileños Brandon Cristofer Lovo y Glen Abraham Slate, pero nuevamente los guardas de seguridad no les permitieron entrar.
Ambos jóvenes están siendo procesados por supuestamente haber asesinado al periodista Ángel Gahona, el pasado 21 de abril en Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua, mientras familiares de la víctima y de los procesados aseguran que los responsables son policías. “Esperamos simplemente que haya una mala comunicación y que se aclare esa comunicación entre las instituciones del Estado. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y esa solicitud tiene que ser gestionada por la Asamblea. Tal vez no funcionen los teléfonos, los faxes o internet”, dijo Incalcaterra.
Gobierno no cumple
Los expertos expresaron que tienen casi dos meses de estar en Nicaragua y las autoridades aún no les han permitido acceder a los expedientes judiciales ni presenciar ni una sola audiencia de los cientos de procesados por terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento a la circulación pública, entre otros delitos, por participar en las manifestaciones cívicas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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“Hasta el día de hoy desafortunadamente el Gobierno de Nicaragua ha incumplido con el acuerdo de permitirnos el acceso a los expedientes y juicios que estamos coadyuvando en la investigación” , reveló Claudia Paz, quien quedó plantada en el portón principal del Complejo Judicial Central de Managua.
Según Paz, la experiencia que han tenido en otros países que poseen el sistema penal acusatorio, como en Nicaragua, las audiencias de juicios son públicas y no comprenden esta excepción en Nicaragua. “Las audiencias de juicio son públicas, todos los ciudadanos pueden acceder a las audiencias sin ningún requisito. Justamente la publicidad, la transparencia permite que todos los ciudadanos se enteren cómo se está impartiendo justicia”, afirmó la experta.
GIEI sin respuesta del Gobierno
Claudia Paz recordó que existe un acuerdo de colaboración entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH y el Gobierno de Nicaragua, para la investigación de los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y 30 de mayo, por la cual fue nombrado el GIEI con un mandato de seis meses.
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“El caso del asesinato a Gahona ocurrió en el período que estamos autorizados a coadyuvar y solicitamos ingresar para estar presentes en el juicio. Es la segunda vez que venimos y no nos dejan entrar”, dijo la miembro del GIEI.
La información solicitada a las autoridades sirve para “presentar el análisis técnico del Plan Integral de Atención a las Víctimas y sus Familiares”, aseveró el GIEI.