Ante la creciente violación de los derechos humanos en el país, el gobierno de Daniel Ortega afronta el riesgo de perder el financiamiento proveniente de los organismos multilaterales, advirtieron por separado las agencias calificadoras Moody’s y Standard & Poor’s (S&P), las que prevén un aumento del endeudamiento público en los próximos años.
Además, S&P advirtió que la economía de Nicaragua no volvería a ver los niveles de crecimiento de años pasados (que rondó el cinco por ciento). Para este año prevé 0.5 por ciento y una media inferior al 2 por ciento en 2019-2021.
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Según el Banco Central de Nicaragua, hasta el año pasado, de los 5,546 millones de dólares en deuda externa, 3,775 millones correspondieron a los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Moody´s publicó esta semana el informe: “El costo económico de la crisis política es negativo para el crédito”.
En el mismo, Moody’s Investors Service señala que probablemente la crisis actual en Nicaragua acelerará en el Congreso de Estados Unidos la aprobación de la Nica Act, con lo que podrían detenerse los préstamos de multilaterales a Nicaragua.
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Incluso, advierte que aun sin la Nica Act, el gobierno de Ortega puede tener dificultades de acceso a esas fuentes de financiamiento.
La calificadora recuerda que los países accionistas de estas instituciones pueden votar en contra de los préstamos solicitados por Nicaragua por violentar los derechos humanos.
Si bien los bancos multilaterales “son típicamente apolíticos… sin embargo, la mayoría de los accionistas de estos, incluido EE.UU., podría decidir negar la aprobación de nuevos préstamos debido a abusos contra los derechos humanos”, reitera.
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Moody’s afirma que el gobierno de Ortega, a través de una resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA), fue condenado el pasado 18 de julio “por abusos contra los derechos humanos”. En esa resolución, aprobada por 21 países miembros, exhortaron al gobernante para que apoyara los esfuerzos para fortalecer la democracia en el país.
El problema, según Moody’s, es que los bancos multilaterales (BM y el BID, principalmente) son fuentes de financiamiento clave.
Gran dependencia
Citando al Banco Central, menciona que el 70 por ciento del financiamiento externo del Gobierno proviene de las multilaterales. El bloqueo al acceso de este financiamiento externo traería como consecuencia condiciones de financiamiento más estrictas y un crecimiento económico más lento, lo cual presionaría la liquidez en el país, advierte.
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No obstante, el economista Adolfo Acevedo recuerda que uno de los bancos multilaterales que más apoya a Nicaragua y, en el cual Estados Unidos no es socio, es el BCIE. Este último se convertiría en el único salvamento del régimen.
Según Acevedo, en promedio anual el BID entrega a Nicaragua 204.6 millones de dólares, el BCIE unos 120.5 millones de dólares y el BM 32 millones, lo que refleja la importancia del BID y el BM.
Golpe a gobernabilidad
Al igual que Moody’s, la firma calificadora Standard & Poor’s (S&P) considera que la escalada de conflictos internos podría dañar aún más la gobernabilidad y el acceso al financiamiento externo.
S&P informó que rebajó la calificación del crédito soberano en Nicaragua de B+ a B con perspectiva negativa, debido a la escalada del conflicto interno y otros efectos colaterales. Según organismos de derechos humanos, la represión ha dejado al menos 351 muertos desde abril.
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En caso que la violencia y polarización se incremente, S&P advierte que bajará otra vez la calificación. “En este escenario, el impacto negativo en el crecimiento y el acceso al financiamiento probablemente sea más agudo de lo que esperamos actualmente”, señala.
“Una rebaja (de nota) podría seguir en medio de signos de mayor estrés del sector financiero en Nicaragua o si la liquidez externa se deteriora significativamente, por ejemplo, como resultado de una reducción de los préstamos públicos externos o una suspensión de los desembolsos de ayuda. Esto debilitaría la flexibilidad fiscal del Gobierno y la capacidad de cumplir su obligaciones financieras”, asegura el S&P.
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Por tal razón, S&P espera que el déficit fiscal del Gobierno se incremente, el cual pasará de 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto a 4 por ciento entre 2018 y 2021. “Esto como consecuencia traería deficiencias en servicios básicos e infraestructura física, principalmente en las áreas rurales”.