La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) advierte que si la crisis actual se resuelve a finales del próximo mes, la economía se desaceleraría y el crecimiento de este año sería únicamente de 1.79 por ciento. Además, se perderían unos 404 millones de dólares en valor agregado y se cerraría el año con una merma de 20 mil empleos.
Pero si la crisis se intensifica y se mantiene por el resto del año, la tasa de crecimiento de la actividad económica caería hasta -2.09 por ciento, las pérdidas en valor agregado se incrementarían hasta 916 millones de dólares y al final del año habrían 150 mil empleos menos. También calcula en 18 millones de dólares diario el costo de un paro nacional.
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“En todos los escenarios las pérdidas económicas son cuantiosas, ya que los sectores principalmente afectados, comercio, turismo y construcción, son claves en la economía nicaragüense, resultando con mayores pérdidas totales no solo por su generación de valor agregado sino también por la generación de empleo”, advierte Funides.
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El Banco Central de Nicaragua (BCN) había proyectado para este año que el Producto Interno Bruto (PIB) crecería entre 4.5 y 5 por ciento. Pero el pasado 21 de mayo el presidente del BCN, Ovidio Reyes, en un informe presentado en la mesa de diálogo nacional expuso que dada las condiciones actuales la nueva estimación es apenas de entre 3 y 3.5 por ciento.
Además, el 23 de mayo Reyes anunció que el Gobierno estima que se perderán 58,300 nuevos empleos como resultado de la menor dinámica económica. Esto elevaría la tasa de desempleo de 3.7 a 4.2 por ciento.
Escenario optimista
“Nuestro primer escenario asume que el gobierno acepta una pronta salida negociada e implementada a más tardar a finales de julio, logrando así un marco de entendimiento enfocado en temas de justicia y democratización, poniendo fin a la represión, violencia e inseguridad ciudadana”, dice el comunicado emitido este miércoles por Funides.
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La comunicación añade que “aún en este escenario optimista, la tasa de crecimiento de la actividad económica del 2018 se reduciría significativamente a 1.79 en comparación con el 2017 (desaceleración), con pérdidas de 404 millones de dólares en valor agregado”.
Según el centro de pensamiento, en este primer escenario “más optimista” el daño en términos laborales implicaría para el final del año una pérdida de hasta 20 mil empleos.
Sin voluntad del Gobierno
La organización analiza un segundo escenario menos alentador en el que asume que de no haber voluntad política de parte del Gobierno “para buscar una salida negociada a la crisis actual”, esta se prolongaría e intensificaría por el resto del año, teniendo como consecuencia la contracción de la economía.
“La tasa de crecimiento de la actividad económica de 2018 sería de -2.09 en comparación con el 2017 (contracción), lo que representa una pérdida de 916 millones de dólares en valor agregado”, detalla el comunicado y añade que por el lado del empleo, en este segundo escenario la pérdida se elevaría hasta 150 mil al concluir el 2018.
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“Estas consideraciones son bastante optimistas en el sentido de que se asume que el sector agropecuario y el sector financiero no tienen un impacto significativo en este contexto. Si estos sectores fuesen afectados materialmente, las caídas en el crecimiento real del PIB serían más severas”, advierte la organización.
Paro costaría 127 millones de dólares semanales
Con respecto al costo de un posible paro nacional, Funides determinó que tomando en cuenta los efectos de la inmovilidad de la logística de bienes, el cierre de servicios de transporte público y privado, la suspensión de operaciones de las empresas y los efectos en los ingresos y servicios del Estado, este implicaría pérdidas diarias de valor agregado de más de 18 millones de dólares, es decir, unos 127 millones de dólares por cada semana de paro, lo que representaría alrededor del 1.0 por ciento del PIB.
Para Funides la causa principal de las pérdidas económicas es la falta de gobernanza “mostrada en la represión ilegítima y desmesurada, así como la inexistencia de instituciones que hagan justicia de forma independiente y soberana”, y reitera que “cualquier vida humana es más importante que las pérdidas materiales”.
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Además, la fundación nuevamente exige al presidente Daniel Ortega y a las autoridades policiales el cese inmediato de la represión y una salida negociada al conflicto social, “para que no se pierdan más vidas y se frenen los costos sociales que están imponiendo sobre la población”.
Funides atribuye el levantamiento social espontáneo que se vive en el país desde el pasado 18 de abril a la “irracional y violenta respuesta de parte de las autoridades y de organismos paramilitares” en contra de expresiones de protestas sociales justas, que han dejado más de 120 muertos, cerca de mil heridos y decenas de desaparecidos.
Pidieron adelantar elecciones
El pasado 30 de mayo, el sector empresarial se unió al clamor popular que exige la salida adelantada por la vía constitucional del presidente Daniel Ortega y un Consejo Supremo Electoral (CSE) renovado para elegir a las nuevas autoridades.
A través de una carta, el sector privado le expresó al mandatario que es urgente “implementar las reformas necesarias que permitan adelantar las elecciones de una manera ordenada y con un Consejo Supremo Electoral renovado” y sugirió que la fecha para ambas acciones debe establecerse en el diálogo nacional.
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Sin embargo, la negativa del Gobierno de discutir la agenda de democratización del país mantiene suspendido el diálogo.
La misiva enviada a Ortega fue firmada por doce de los catorce asesores del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), entre ellos el empresario Carlos Pellas y José Antonio Baltodano, por su presidente José Adán Aguerri y por representantes de las 27 organizaciones que lo integran.
También por todos los directivos de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), y por el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro.
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