La octava Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Lima, Perú, en el mes de abril próximo, tiene como tema central de su agenda la corrupción y sus efectos en las instituciones democráticas y la gobernanza.
No debe sorprendernos que el análisis de la corrupción haya sido escogido para la Cumbre, en vista de los numerosos casos de corrupción que se han registrado recientemente en varios países de la región, con la consecuencia de varios presidentes y altos funcionarios presos, enfrentando juicios por sobornos, malversación de fondos públicos y lavado de dinero.
La corrupción es un flagelo que afecta, en diferentes grados, a todas las sociedades. Incluso, hoy día forma parte del fenómeno de la globalización, dado que existen formas de corrupción, como el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de capitales, la trata de personas, que por su misma naturaleza tienen proyección internacional.
Los analistas suelen identificar una serie de factores que estimulan la corrupción. Entre ellos, y de manera principal, señalan, el autoritarismo y la concentración de poder; el exceso de burocracia; la pobreza y la exclusión; una opinión pública complaciente, capaz de aceptar una “cultura de la corrupción” como algo natural (“roban pero hacen obras”); un sistema jurídico deficiente en cuanto a los debidos controles preventivos y correctivos; un Poder Judicial corrupto; una policía partidarizada; el “clientelismo político”, el nepotismo; un sistema educativo que no incorpora la formación en valores, etc…
La corrupción tiene consecuencias nefastas: no solo carcome las raíces mismas de la democracia, sino que también empobrece la vida cotidiana de la población, al llenar los bolsillos de los corruptos a expensas de recursos que permitirían mejorar los servicios sociales, como la educación, la salud, la seguridad social, etc… De ahí que se le tenga como un auténtico cáncer, que destruye las células vivas de la democracia. El jurista uruguayo Héctor Gros Espiell sostiene que “la corrupción, fenómeno social generalizado, solo puede combatirse por medio de la revalorización ética y la lucha institucional y jurídico-penal contra ella, pero sobre todo por la participación de todos los ciudadanos, de una manera activa, en su denuncia y en la política”.
La corrupción mina la confianza de los pueblos en el sistema democrático, pues estos ven defraudadas las esperanzas que depositaron en las elecciones democráticas de autoridades. Tal sucede cuando aquellos que fueron electos por el pueblo, en vez de dedicar todas sus energías a resolver los problemas del país o del municipio, utilizan el cargo para enriquecerse o para competir deslealmente con el sector privado.
No compartimos el criterio de quienes piensan que en Nicaragua la honradez no tiene cabida en la administración pública. Si bien las páginas de nuestra historia están llenas de corruptos, en todas las épocas, tenemos también ejemplos notables de hombres probos, de gobernantes y funcionarios responsables, que fueron sumamente pulcros en el manejo del erario público.
Aquellos, que desde sus posiciones de poder, dilapidan los recursos del erario público, deberían recordar el ejemplo del presidente Vicente Cuadra, quien fue muy escrupuloso en el manejo de los fondos del Estado. “¿Crees tú —le dijo un día don Vicente a un vendedor de petates con quien regateó el precio, para darse el lujo de poner un “petatito” en su despacho presidencial— que me han dado el bastón del poder para hacer diablos de zacate con lo que no es mío?”.
Aquellos que abusan de sus posiciones públicas o privadas para conseguir exoneraciones, les convendría recordar al presidente Adán Cárdenas, quien rechazó que el Administrador de Aduanas dejara entrar sin pagar impuestos unas alhajas que había comprado en el extranjero. Y a los magistrados del Poder Judicial valdría la pena recordarles lo que decía el tres veces presidente de Costa Rica, Ricardo Jiménez, a los familiares que le solicitaban cargos públicos: “El Presidente de la República no tiene parientes”, poniendo así en práctica el refrán popular: “parientes y trastos viejos, pocos y lejos”.
La ciudadanía, a través de las distintas formas de organización de la sociedad civil, tiene un rol importante en la lucha contra la corrupción. Ciudadanos indiferentes, que guardan silencio ante el abuso de los funcionarios públicos, devienen, en última instancia, en cómplices de la corrupción.
El autor es jurista y catedrático.
