Mientras la administración de la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado a la austeridad a los jefes de áreas de cada departamento, por el supuesto déficit presupuestario este 2018, en este poder del Estado se destinaron más de 116 millones de córdobas para el pago de combustible y lubricantes de vehículos, según el Presupuesto General de la República aprobado este año.
Este combustible es entregado mensualmente de forma discrecional a magistrados, jueces, personal administrativo y otros empleados privilegiados, según fuentes judiciales. Este estipendio se otorga para algunos después de la asignación de vehículo, conductor, llantas y reparaciones mecánicas del automotor.
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LA PRENSA buscó la versión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al respecto, a través de prensa de esta institución, pero no hubo respuesta a las llamadas telefónicas y mensajes por whatsapp enviados al celular de Roberto Larios, jefe de relaciones públicas. Además negaron la entrada a este Diario al edificio central de la Corte.
El combustible es entregado a los beneficiados a través de bonos. Cada bono equivale a veinte litros. Por ejemplo, un magistrado de la Corte tiene estipulado 24 bonos al mes, lo que equivale a 480 litros de combustible, aunque se desconoce si lo consumen en gasolina regular o en diesel, pero pueden pedir cuánto quieran, según fuentes judiciales.
De esta manera, a los 16 magistrados se les entrega cada mes 7,680 litros de combustible, lo que significa un gasto de entre 211 mil y 236 mil córdobas al mes, según el tipo de combustible que usen, tomando en cuenta el precio promedio de estos hidrocarburos a enero de este año, según el INE.
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Al año, los 16 magistrados consumen aproximadamente 92,160 litros de combustible, cuyo gasto anda entre 2.5 y 2.8 millones de córdobas, según el tipo de combustible.
Sin embargo, cada magistrado anda proclamando el ahorro en la circunscripción judicial que atiende.
“Los interinatos y las suplencias son totalmente adversas a la política de ahorro que nos estamos proponiendo. De igual manera, la línea es que se tomen las vacaciones porque no tenemos plata para pagarlas”, expresó el magistrado Gerardo Arce Castaño en la circunscripción central.
Lea también: Brutal aumento en gasolinas: subirá hasta C$12.40 por galón El magistrado también dijo que “los subsidios de los trabajadores representan un golpe económico para el poder judicial” y que el año pasado presentaron 271 subsidios en esa circunscripción, que representan 4,212 días de subsidio y en términos económicos para el presupuesto de la institución significan 3.3 millones de córdobas, detalló el magistrado, según nota de prensa de esa institución.
Se debería invertir más en acceso a la justicia
Este gasto anual en combustible y lubricantes equivale al cincuenta por ciento de lo que se invertirá este año en la construcción de complejos judiciales, claves en el acceso y administración de justicia para la población y la razón de ser para este poder del Estado. Se prevé la construcción de Juzgados en Boaco, Nueva Guinea, Acoyapa, Tipitapa, El Rama, Siuna y Carazo, con una inversión de 236.5 millones de córdobas, según detalle de gasto de capital de la CSJ.
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Por ejemplo, se debería de invertir más en la construcción de casas de justicia en municipios alejados de los departamentos donde la carga judicial le está cayendo a los facilitadores judiciales que caminan hasta cinco horas para poder llegar al juzgado más cercano y poder inscribir mediaciones de los miembros de sus comunidades, sin devengar ni un córdoba por su servicio.
Incremento de presupuesto
En el presupuesto del 2017 la Corte destinó para este mismo rubro 99.59 millones de córdobas, el mismo que fue ejecutado a cabalidad según documentos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es decir, el uso del presupuesto para pago de combustible y lubricantes va en aumento en la Corte Suprema de Justicia sin justificación aparente.
Por ejemplo, en el 2014 el presupuesto asignado para este rubro en la CSJ fue de 94.58 millones de córdobas y en este mismo año el precio promedio del combustible, según estadísticas del Banco Central de Nicaragua, fue el más alto en los últimos cinco años.
De esta manera el precio promedio del litro de gasolina regular en el 2014 fue de 31 córdobas y el diesel de 28.6 córdobas; es decir que en ese año se destinó menos presupuesto para combustible a pesar que estaba más caro.
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Aunque no se tiene estimaciones de cuál será el precio promedio de los combustibles este año, en enero la media de estos estaba por debajo de los precios de 2014. La regular, que es el segundo carburante de mayor consumo a nivel nacional, se vendió en 30.75 córdobas por litro, 0.8 por ciento más barata que el promedio de hace cinco años.
El diésel, que es el combustible de mayor demanda, en enero se cotizó en promedio en 27.49 córdobas, 3.88 por ciento menor que el promedio de 2014.
Pese a los comparativos anteriores, este año la Corte recibió 22.65 por ciento más para el gasto de combustibles y lubricantes, según reflejan los datos del Presupuesto General de la República de Nicaragua. En términos absolutos, este poder del Estado recibió 21.42 millones de córdobas más con relación a los 94.58 millones de córdobas de 2014.
Denuncian “charanga” con bonos de combustible
El número de bonos de combustible asignados a cada persona depende de la jerarquía del cargo, que va desde magistrados de la Corte, magistrados de Apelaciones, jueces de distrito de juicio penales, civiles, familia, violencia, laborales, adolescentes, de ejecución, jueces de distrito de audiencia, jueces locales y únicos.
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Luego, siguen asistentes de magistrados, secretarios de salas, defensores públicos, personal de protocolo y personal administrativo, incluso hay conductores y jefes de guardas de seguridad a quienes también se les asignan bonos de combustible, afirmó otra fuente judicial.
La cuota de bonos de combustible entregados a cada persona es discrecional, aumenta cuando entran en juego el “amiguismo, los vínculos consanguíneos con los magistrados, y los allegados a la administración, lo que dispara el consumo de combustible”, agregó la fuente, quien cuida su identidad por temor a ser despedida.
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“Hay cuotas históricas establecidas, pero el abuso empieza cuando hacen uso del tráfico de influencias, porque dan combustible incluso a familiares que no trabajan para el poder judicial, dan bonos de combustible en diciembre, cuando el personal se va de vacaciones. Cada quien guiña para los suyos, hermanos, sobrinos, hijos y cuñados”, confirmó otra fuente, que no puede revelar su nombre porque sería despedida.
CSJ gasta más combustible que entidades operativas
Según los montos aprobados en el Presupuesto General de la República del 2018, para la Policía Nacional y el Ministerio de Transporte, estos destinan menos cantidad de dinero en sus gastos corrientes para combustible y lubricantes que la CSJ, a pesar de ser instituciones operativas que deben andar en la calle para cumplir con sus funciones.
Por ejemplo, la partida para el combustible y lubricantes de la CSJ es de 116.7 millones de córdobas, para este año, mientras que el Ministerio de Transporte e Infraestructura destinó 12.9 millones de córdobas para este rubro y la Policía Nacional con todos sus planes operativos tiene destinado 64.8 millones de córdobas para este año.
Ahorro desigual
Mientras altos funcionarios se recetan millones en combustibles, la administración del poder judicial emitió una circular donde prohíbe contrataciones, promoción de trabajadores que impliquen aumento de salarios, cero pago de vacaciones y suplencias por corto tiempo. Además, afecta a usuarios porque si un judicial se ausenta por menos de una semana, no deberá programar juicios esos días y manda a secretarios tramitadores a rotar en todas las materias para cubrir ausencias.
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millones de córdobas es el presupuesto aprobado para la Corte Suprema de Justicia en el 2018, según el Presupuesto General de la República de Nicaragua, enviado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.