Un total de 197 personas fueron asesinadas en el 2017 porque se enfrentaron a gobiernos y compañías que robaron sus tierras y causaron afectaciones al medioambiente, demuestran las últimas estadísticas del organismo internacional Global Witness en conjunto con The Guardian. De estas muertes, cuatro ocurrieron en Nicaragua.
Los resultados del reporte, publicado en la página web del organismo muestra que “América Latina mantiene el primer lugar en el ranking de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente”.
El informe señala que la agroindustria superó a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas. Ambas representan el 60 por ciento de los casos.
En la publicación de The Guardian se expone que “casi cuatro personas a la semana fueron asesinadas en todo el mundo en luchas contra minas, plantaciones, cazadores furtivos y proyectos de infraestructura”.
Ben Leather, defensor principal de Global Witness, explicó que mientras las comunidades no sean incluidas, de verdad, en la toma de decisiones sobre el uso de sus tierras y recursos, aquellos que denuncien se enfrentan a los hostigamientos y amenaza de asesinatos, sostuvo a The Guardian.
Las áreas forestales remotas en países de desarrollo fueron los escenarios donde ocurrieron la mayoría de los asesinatos de defensores, según la información del organismo.
Dieron su vida
Felipe Pérez Gamboa, Celedonia Salazar Point, Tito José González Bendles, Camilo Frank López son los cuatro nicaragüenses que murieron en defensa de su territorio el año pasado, según estadísticas de Global Witness.
En el 2016, según el mismo organismo, en el país se registraron 11 asesinatos de defensores de la tierra y el medioambiente. Entonces el país era superado solo por Honduras (14 asesinatos), que ocupaba el quinto lugar , después de India, Filipinas, Colombia y Brasil.
Con esta nuevas estadísticas, Honduras “sigue siendo el país más peligroso para ser defensor (…)”, según el reporte. Cabe mencionar que 2016 fue el más violento registrado, con 201 muertes, en 2015 fueron 185 y en 2014, 117 muertes. El reporte apunta que en Nicaragua y Honduras los activistas permanecen en vulnerabilidad.
En general, los asesinatos quedan impunes y los defensores, que en su mayoría tienden a ser originarios de comunidades pobres o indígenas, “son criminalizados y atacados por la Policía o los guardias de seguridad corporativos”, sostiene el organismo.
El caso más representativo reciente fue el asesinato de la activista ambiental hondureña, Bertha Cáceres, quien defendió su tierra ante un proyecto hidroeléctrico, que se haría al noroeste del país en el río Gualcarque.
Su asesinato fue en el 2016 y conmocionó a la opinión pública internacional.
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Siempre hay asedio
Uno de los rostros más conocidos por la defensa de sus tierras ante el proyecto canalero es Francisca Ramírez, que una vez más expresó a LA PRENSA que muchas veces se ha sentido en riesgo y que la siguen policías vestidos de civil.
“Nos persiguen siempre como si fuéramos delincuentes, pero sabemos que a eso es lo que no queremos llegar, que nuestros hijos, que nuestra generación lleguen a ser sometidos a una esclavitud porque someternos a que no haya libertad es ser esclavo”, sostuvo. Ramírez expresó que esperan que el pueblo pueda reaccionar y manifestarse en las calles por sus derechos, y en su caso, pese a la represión que han vivido, siempre seguirán alzando sus voces.
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