El Ejército debe ser una institución nacional o… no ser. Por consiguiente, su naturaleza viene definida por la sociedad, aunque la sociedad esté, transitoriamente, avasallada por el atropello de la dictadura. Si no se cumple que el ejército se someta a la nación, este pierde en esencia su legitimidad, y adquiere un carácter paramilitar, represivo, antisocial. Por ello, la rendición de cuentas en los hechos conocidos como la masacre de Río Grande es ineludible, no discrecional.
Por el momento, aunque el parlamento doblegado al poder orteguista no le interpele a rendir un informe por la muerte de seis personas, incluidos dos niños, la conciencia ciudadana exige que limpie su nombre.
La política, entendida como una disputa de corrientes ideológicas por la conducción más acertada del rumbo del país, se abre paso directamente hacia la conciencia de la ciudadanía cuando el orden jurídico se ha corrompido. Pero, la ciudadanía disputa a la dictadura cada institución nacional para preservar en lo posible que se conserven al servicio del pueblo.
En tal sentido, hoy la lucha no es por atacar o desprestigiar al Ejército, como dirá el orteguismo, sino, por impedir que le conviertan en una entidad temible, en un grupo de armados, insensibles y crueles, capaces de masacrar impunemente al pueblo. No podemos descartar que las bandas armadas sean forajidos, o una mezcla de alzados políticos que se financian con acciones al margen de la ley (que es un maridaje casi inevitable en los grupos guerrilleros), pero, eso no exime al Ejército de respetar los derechos humanos en sus operativos, ni le concede patente para usar excesivamente la fuerza. La Convención de Ginebra regula la protección de civiles en tiempos de guerra; al Estado le corresponde castigar con rigor cualquier exceso militar en tiempos de paz.
El problema surge cuando el Estado, bajo control de la dictadura, en lugar de orientar al ejército a formar brigadas en defensa de los bosques y a cumplir misiones de rescate civil, le orilla, interesadamente, a actuar impunemente como fuerza represiva brutal, por encima de la ley.
Una investigación decente debería determinar si el ejército hostiga a manos libres a la población campesina en el norte del país, como todo parece indicar. Y si practica emboscadas de aniquilamiento, y si en ellas usa explosivos o bombas claymore que, activadas por control remoto en contra de infantería enemiga, gracias al explosivo C-4 dispara 700 bolas de acero de 3.2 mm de diámetro a 1,200 m/s, hacia una zona de muerte segura a 50 metros de alcance. El uso de fuerza militar excesiva en misiones de aniquilamiento total es un crimen contra la humanidad en tiempos de paz, aun cuando los alzados en armas no tuviesen, realmente, motivaciones políticas. Esta investigación ineludible debería partir del propio Ejército, en un Estado de derecho.
Los ciudadanos no pueden evitar una conmoción dolorosa al escuchar el trágico relato de la madre campesina que, con la entereza de los sectores más humildes que enfrentan la vida en condiciones de extrema precariedad, describe la escena terrible de sus hijos asesinados con señales de tortura. Y el alma de cualquier ser decente que tiene en sus hijos el don más preciado que debe proteger, tiembla de horror, y busca exasperado alguna señal de justicia.
En la conciencia colectiva de nuestra nación permanece imborrable el inmenso sacrificio de decenas de miles de jóvenes que perdieron su vida en esa conquista humana histórica que fue desmantelar completamente al ejército genocida de la guardia nacional.
La madre habla de acuchillamiento de su hijo de 12 años, del desprendimiento de un brazo, de disparos en su pecho y, dice ella con esa mezcla de tragedia y ternura, …también en su cabecita. Y por un instante detuvo su relato, cerró los ojos con cierta ilusión interior, como si pudiese acariciarle nuevamente su cabello. De la hija de 16 años, relata que mostraba signos de violación, estaba inflamada producto de ahorcamiento, y había sido desnucada. Solo pude reconocerla, dijo estoicamente, de la cintura para abajo. Y, en su impotencia, clamó al pueblo por este crimen que desborda la naturaleza humana.
El silencio del Ejército revela un profundo desprecio por la percepción ciudadana. Muestra una fuerza militar arrogante que está impunemente por encima de la sociedad. Si prefiere el silencio, habrá decidido su propia condena ante la conciencia ciudadana. He ahí el dilema.
El autor es ingeniero eléctrico.
