El TPS, sigla en inglés para Estatus de Protección Temporal, es un programa del Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) para conceder permisos migratorios temporales a personas procedentes de países asolados por guerras o desastres naturales.
Miles de nicaragüenses fueron protegidos por ese programa a raíz del huracán Mitch que devastó a Nicaragua en 1998, pero ahora, 19 años después, el TPS ha sido cancelado para ellos.
La razón invocada por la autoridad de los EE. UU. para no renovarlo es que los motivos para ser amparados por el TPS han desaparecido. Además, el Gobierno de Nicaragua no hizo ninguna gestión para que el programa se siguiera prorrogando en favor de los nicaragüenses beneficiados.
Daniel Ortega ha minimizado el problema, porque según él los nicaragüenses afectados son solo 2,500, no los 5,349 que precisa el documento oficial de la secretaria interina de Seguridad Nacional de los EE. UU., Elaine Duke. Además Ortega culpó a los mismos nicaragüenses protegidos por el TPS, pues dice que no acudieron a los consulados a pedir gestiones para que se les prorrogara la protección.
Pero aunque los nicaragüenses amparados por el TPS no hubieran acudido a los consulados, el Gobierno de Nicaragua tenía la obligación de hacer gestiones de oficio para que se les mantuviera la protección migratoria. Eso es lo que manda la Constitución por medio de su artículo 28.
Todos los gobiernos de países que tienen residentes en los EE. UU. amparados por el TPS, han gestionado el mantenimiento de la protección migratoria. Solo el de Nicaragua no lo hizo, por desprecio a la mayoría de los nicaragüenses que viven en los EE. UU. porque son contrarios a la dictadura orteguista, el mismo motivo por el cual no les reconoce el derecho de votar en las elecciones nacionales.
Por otra parte, este problema no es de más o menos dólares, como creen quienes lo minimizan porque según ellos los nicaragüenses que podrían ser deportados representan una parte muy reducida de las remesas familiares. La deportación de esos miles de nicaragüenses después que reconstruyeron sus vidas en EE. UU. durante casi veinte años, sería más que todo un grave problema humanitario.
Sin embargo, a pesar del menosprecio del Gobierno de Nicaragua a los nicaragüenses radicados en EE. UU., “hay vida después del TPS”, según dijo al Diario Las Américas la abogada de Inmigración de Miami, Grisel Ybarra. Los nicaragüenses afectados por la cancelación del TPS tienen un plazo de poco más de un año durante el cual podrán hacer uso de diversos recursos técnicos. Además, congresistas estadounidenses de ambos partidos han criticado la cancelación del TPS y quieren que el Congreso apruebe una ley para regularizar el estatus de los inmigrantes que quedan desamparados, antes de que sean deportados.
La congresista Ileana Ros-Lehtinen, gran amiga de los nicaragüenses democráticos, ha expresado que es un error enviar a esos nicaragüenses a soportar la dictadura de Daniel Ortega. Y además un acto inhumano, habría que agregarle.
