El informe preliminar sobre las votaciones municipales del domingo 5 de noviembre, presentado el martes pasado por la Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA, fue satisfactorio para algunos sectores, en particular el gubernamental, pero en otros causó decepción e inconformidad.
Esta doble reacción era de esperarse, porque en el tema electoral la sociedad nicaragüense está dividida claramente en dos grandes partes: los que reconocen como válidas y legítimas las elecciones orteguistas, aunque adolezcan de fallas legales y técnicas; y quienes las rechazan de plano porque consideran que el sistema electoral está colapsado y solo sirve para mantener y afianzar a Daniel Ortega en el poder.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo mismo que el jefe de su Misión de Acompañamiento Electoral, Wilfredo Penco, desde antes de las elecciones pidieron confianza en su trabajo y aseguraron que sus informes serían objetivos y veraces. Sin embargo no era realista esperar algo diferente a lo que Penco informó este martes 7 de noviembre de manera preliminar.
Penco anticipó que su trabajo se iba desarrollar “bajo los principios de objetividad, imparcialidad y profesionalismo, principios que rigen a la Organización” (de Estados Americanos); y aseguró que todas las anomalías que fueran denunciadas por los partidos políticos participantes en las elecciones, serían incorporadas en el informe final de la misión que será presentado en la sede de la OEA en Washington.
Por su parte el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en Praga, República Checa, que tenía absoluta confianza en Wilfredo Penco e inclusive declaró que ponía “las manos en el fuego que definitivamente va a hacer su trabajo con absoluta seriedad”.
Pero el concepto de “absoluta seriedad” dicho por Almagro y el “profesionalismo e imparcialidad” invocado por Penco, no hay que entenderlos en sentido literal sino de manera política y diplomática. Si la secretaría general de la OEA tiene un acuerdo con Daniel Ortega y este se ha comprometido a hacer algunas reformas al sistema electoral, es lógico que el informe de Penco no mencionara nada que pudiera enojar al dictador nicaragüense, mucho menos que se refiriera al control absoluto que este tiene sobre el sistema electoral de Nicaragua. Al contrario, en su informe Penco califica como independiente al Consejo Supremo Electoral de Daniel Ortega.
Por esa misma razón también es comprensible que en el informe se minimice la muerte de cinco personas como consecuencia precisamente del riguroso dominio partidista que el orteguismo ejerce sobre el sistema electoral.
La verdad es que Penco había sido claro en sus declaraciones del 2 de noviembre, cuando dijo que las denuncias de anomalías electorales que iba a tomar en cuenta serían las presentadas por los partidos participantes en las elecciones. No se comprometió a tomar en cuenta las denuncias y los análisis críticos que presentaran la oposición democrática que está fuera del sistema orteguista y las organizaciones civiles que no tienen reconocimiento político del Gobierno.
En resumen, con su informe preliminar Penco ha quedado bien con Ortega y con los partidos que participaron en las elecciones y avalaron sus resultados. A los demás los ha defraudado y confirmado su desconfianza.
