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ajuste fiscal, Nicaragua

Economista Adolfo Acevedo. LA PRENSA/ARCHIVO

El mercado de los hidrocarburos en Nicaragua y la transparencia

Las empresas determinan sus precios estableciendo un margen sobre sus costos, el cual, dadas las características del mercado y el producto puede ser creciente. Lea a Adolfo Acevedo

El precio de la gasolina y el diésel lo fijan «libremente» las empresas que dominan la distribución de los combustibles, a través de un mecanismo de coordinación no competitivo. Procompetencia se ha referido a una «presunta práctica anticompetitiva de acuerdo de fijación de precio».

Además del elevado poder de mercado que ello les otorga, el producto que comercializan se caracteriza por una baja elasticidad precio de la demanda: esto significa que, dentro de ciertos límites, la demanda sigue aumentando de manera sistemática, aunque los precios estén aumentando.

La implicación es que estas empresas no están compelidas a formar sus precios conforme al costo marginal, como ocurriría en un mercado competitivo. Por el contrario, estas empresas determinan sus precios estableciendo un margen sobre sus costos, el cual, dadas las características del mercado y el producto puede ser creciente.

El Decreto 56-94 de 1994 había establecido el Sistema de Precios de Paridad de Importación como el mecanismo automático para determinar los precios máximos al consumidor en córdobas por galón para la gasolina, el diésel y el gas licuado, y otorgó al INE la facultad de calcular y publicar los precios máximos, y fiscalizar la aplicación de dichos precios al consumidor final.

Sin embargo, la reforma al decreto 56-94 del año 2006 restringió la aplicación del precio de paridad de importación para el gas licuado, y solo faculta al INE para calcular y publicar los precios máximos al consumidor, y para fiscalizar la aplicación de dichos precios, en el caso del Gas licuado de Petróleo.

Con esto, los precios de las gasolinas y el diésel quedaron ¨libres¨ para ser fijados por las propias Empresas distribuidoras.

Según se sabe, estas empresas han seguido utilizando un mecanismo similar para fijar y revisar semanalmente los precios. Con una gran diferencia: en la actualidad no existen parámetros claros y transparentes para estimar los costos, y sobre todo, dado que ahora están libres de regulación, no pueden existir límites para la determinación de los márgenes.

Si se estiman los componentes del costo de los combustibles (precio FOB del Golfo, seguros y flete, Panamá Canal Toll, pérdidas en tránsito, costo de internación, gastos bancarios, perdidas de almacenamiento, etc.) utilizando los mismos parámetros que antes, en base a la mejor información existente, modificando aquellos que se sabe por cierto que han cambiado, emerge un cuadro bastante claro: los márgenes por galón se mantienen relativamente estables hasta 2013, pero a partir de 2014 experimentan un salto que los lleva a duplicarse.

En lo que respecta a la utilización de los mismos parámetros, lo que podría argumentarse es que, en todo caso, los mismos deberían revisarse a la baja, dado que la escala del mercado se ha incrementado, en cuyo caso los márgenes  actuales por galón resultarían ser más altos.

Se utilizan además prácticas que no encuentran mucha justificación, como la revisión semanal de precios, cuando está establecido que estas empresas deben mantener inventarios de por lo menos un mes; esto posicionaría a estas empresas para aprovechar mejor los momentos de ascenso de precios internacionales, para vender a precios más altos combustible almacenado adquirido a precios más bajos.

Dado que tanto los volúmenes de venta como los márgenes por galón han aumentado, los márgenes totales de las empresas, medidos en millones de dólares, se habrían casi triplicado.  Poco más de la mitad de este incremento se explicaría por el incremento de los márgenes por galón. De allí surge la sospecha de que los grupos que controlan estas empresas están utilizando su poder de mercado para incrementar de manera sistemática sus márgenes, a costa del resto de la sociedad.

En todo caso, la transparencia es la mejor receta: dado el carácter de precio clave que tienen los combustibles, el INE debería publicar semanalmente el detalle de la estructura del precio de estos, de manera que no exista ni una sombra de sospecha de que los consumidores, y las restantes empresas, están pagando los costos de una estrategia como esa.

(*)Economista

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