Estamos en el último día del mes de agosto y la Secretaría General de la OEA sigue guardando silencio sobre el cumplimiento de sus compromisos con el Gobierno de Nicaragua.
Según el Artículo II, punto 2.1, del Memorándum de Entendimiento, suscrito el 28 de febrero del presente año, las partes se comprometían a desarrollar sus relaciones de cooperación a través de la instalación de una Misión de Cooperación que atendería los dos componentes claves del Memorándum: el componente político-electoral y el de fortalecimiento institucional. Hasta el momento, nada sabemos sobre la instalación de dicha Misión, que debió instalarse en el curso del mes de agosto.
Hace algunos días, estuvo en Nicaragua el funcionario de la OEA, señor Rosadillo. Permaneció pocos días en el país, se reunió con representantes del gobierno pero no con los de los partidos que están participando en el actual proceso electoral municipal ni con representantes de la sociedad civil. Se fue de Nicaragua sin ofrecer ninguna información pública sobre las gestiones que ha hecho la OEA en relación al proceso electoral municipal. Tampoco cumplió con lo que había ofrecido en su anterior visita: un comunicado institucional explicando las razones, de fuerza mayor, que obligaron a la Misión anterior a abandonar el país y cancelar abruptamente las reuniones ya concertadas con los organismos de la sociedad civil y los representantes de los partidos políticos. Pareciera que la Secretaría General de la OEA se ha contagiado del secretismo característico del actual gobierno.
Mientras tanto el proceso de las elecciones municipales ha seguido avanzando y está siendo administrado por el mismo Consejo Supremo Electoral responsable de varios fraudes electorales y cuya credibilidad fue puesta en duda por el informe de la Misión de la OEA que observó las elecciones presidenciales del 2011. El proceso se está desarrollando en un escenario muy similar al de las elecciones presidenciales del 6 de noviembre pasado, pues además de mantenerse sin ningún cambio en la cúpula del poder electoral, el partido de gobierno se apoderó del control de los Consejos Electorales Departamentales Regionales y Municipales.
Por otro lado, el padrón electoral no ha sido objeto de ninguna auditoría seria y este era uno de los compromisos contraídos por la OEA. Tampoco se ha mejorado el sistema de cedulación y hay municipios del país que han protestado porque sus ciudadanos carecen de cédulas.
Así las cosas es extraño que un organismo como la OEA, que está obligado a la mayor transparencia en todas sus actuaciones, en el caso de Nicaragua lo esté haciendo con mucha opacidad. A casi dos meses de las elecciones municipales el pueblo de Nicaragua tiene derecho a saber si finalmente la OEA logró conseguir los recursos indispensables para llevar a cabo una observación electoral eficaz, en una elección que abarca 153 municipios repartidos por toda la geografía nacional. También los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses necesitan saber cuál va a ser el papel que va a jugar la OEA en dicho proceso electoral y cuándo es que vendrán, si es que vienen, los observadores electorales de dicho organismo. En principio, para una observación eficaz ya deberían estar en Nicaragua buena parte de ellos. Si llegan a última hora, sin tiempo suficiente para darse cuenta de las condiciones reales en que se está desenvolviendo el proceso electoral, no serían verdaderos observadores sino turistas electorales, en cuyo caso quizás sea mejor, por el mismo prestigio de la OEA, que no se hagan presente.
El señor Luis Almagro tiene que tener en cuenta que la OEA, como organismo suscriptor de la “Declaración de principios para la observación internacional de elecciones” del 27 de octubre del 2005, existe una cláusula que establece que “una organización no debe enviar una misión internacional de observación de elecciones a un país en condiciones que hagan probable que se interprete que su presencia otorga legitimidad a un proceso electoral claramente no democrático, y en toda situación de esa índole las misiones de observación internacional de elecciones deben formular declaraciones públicas en las que aseguren que su presencia no implica esa legitimidad”.
El autor es jurista y catedrático.
