La constituyente venezolana fue señalada por medio de una propaganda hábilmente manejada, como una promesa, una esperanza, e inclusive, la panacea a la grave crisis política, social y económica que padece el pueblo venezolano.
El discurso oficial mencionaba su necesidad, porque “hay que darle respuesta a los problemas de los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los obreros”, y todo cuanto sector fuese necesario invocar. De acuerdo con la propaganda del régimen venezolano, “acabará con la guerra económica contra el pueblo”, entiéndase, terminará la escasez de alimentos, medicinas, etc.
Se le atribuyeron poderes mágicos, al asegurarse: “Cambiar la economía de Venezuela de ser un país dependiente de la mono exportación de petróleo, para crear otra economía”. En otras palabras, lo que el chavismo no ha podido hacer en casi dos décadas de ejercicio del poder, con su proyecto político conocido como el Socialismo del Siglo XXI, la constituyente lo hará.
Sin embargo, a pesar de ser presentada como una Arcadia de utopía democrática y de justicia social, la constituyente más bien profundizará la crisis política, social y económica que está padeciendo el pueblo venezolano. A lo interno, su imposición hace prever un aumento de las protestas populares; y en el contexto internacional, la famosa constituyente ha conducido al régimen de Maduro a un mayor aislamiento, pues de antemano ha sido rechazada y descalificada por gobiernos europeos y latinoamericanos.
Evidentemente, la realidad cotidiana del pueblo venezolano no cambiará: continuarán las escenas de kilométricas filas para adquirir un tarro de leche, una libra de carne, mantequilla, pan. Los estantes de los supermercados continuarán vacíos. Seguiremos contemplando con asombro escenas dramáticas de saqueos de camiones que transportan alimentos. La tarjeta de racionamiento de alimentos seguirá siendo impuesta a los sectores populares. De igual manera, la escasez de medicamentos en los centros de salud y hospitales, donde se brinda atención a los más pobres se extenderá. Las escenas de venezolanos hurgando en las basuras un bocado de comida, seguirán presentándose.
Lejos, de representar una salida para que “haya paz en las calles, poniendo mano dura”, lo que el régimen busca es una cobertura legal para recrudecer la represión contra la oposición política, y por consiguiente, aumentará el derramamiento de sangre de la juventud venezolana y de prisioneros políticos, y además, aumentará exponencialmente el éxodo del pueblo venezolano hacia los países vecinos.
Asimismo, continuará el manejo de la economía del país, mediante la dirección y planificación por el Estado, que acusa un creciente déficit en la balanza de pagos y el aumento de la deuda externa, la inflación, el colapso del comercio, la paralización de industrias, con el consiguiente crecimiento indetenible del subempleo y su secuela de miseria y de inestabilidad social. Y todo esto a pesar del enorme ingreso de divisas por la exportación de petróleo.
En cuanto a la propiedad, al parecer el régimen de Maduro, se plantea en la Constituyente la desaparición de la propiedad privada, la que ha venido siendo suplantada con el funcionamiento y crecimiento del área propiedad del Estado, cuya administración por una burocracia incompetente ha conducido a grandes desastres económicos y al cierre de numerosas empresas confiscadas a sus legítimos dueños.
En relación con la institucionalidad, el régimen espera el momento propicio para tomar la Asamblea Nacional, con fuerzas de choque apoyadas por militares.
El autor es activista del partido CxL
