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Güiriseros artesanales trabajan en la extracción de oro en una comunidad al norte de Chinandega. Oscar Navarrete/ LA PRENSA.

Exponen ante la CIDH falta de transparencia en la información sobre concesiones mineras en Nicaragua

A pesar que en Nicaragua existe una Ley de Acceso a la Información Pública, esta no opera, puesto que ni las organizaciones de la sociedad civil tienen acceso a los datos que solicitan.

La falta de transparencia en los procesos de concesiones mineras así como el no cumplimiento de las consultas debidas por parte de las industrias extractivas en los territorios, fue parte de lo que se expuso en un diálogo abierto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a inicios de este mes.

Según Jurgen Guevara, oficial de industrias extractivas del Centro Humboldt, y quien participó en el diálogo abierto dedicado a los organismos de la sociedad civil, expusieron dos casos que respondían al tema central: Acceso a la Información y Derechos Humanos en Extractivas.

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El primer caso estaba relacionado con los procesos de explotación minera en Santo Domingo, Chontales como una violación a la transparencia de acceso a la información pública.

El segundo caso expuesto fue el de Mina la India, en León, como criminalización de las protestas y criminalización a defensores ambientales, esto porque la empresa había acusado a siete personas por supuestos daños a la misma, que luego fue desestimada por la compañía.

De acuerdo con Guevara, se solicitó ante la CIDH que realizaran una visita a Nicaragua para constatar las violaciones al marco legislativo y la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de las industrias extractivas, dijo.

Ley sin operar es otro de los factores denunciados ante la CIDH

En el 2007 se aprobó la Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública; sin embargo, en los últimos diez años el Centro Humboldt, como organización ambiental no ha tenido acceso a la información pública, pese a que ha sido solicitada en reiteradas ocasiones expresó el director de esta, Víctor Campos. Dicha situación no es la misma a lo largo de la región Centroamericana, puesto que en otros países las organizaciones tienen la posibilidad de reunirse con el Gobierno.

Según el  Ministerio de Energía y Minas  se otorgaron  947,523.48 hectáreas en concesiones de minería metálica. Pobladores aducen que no son consultados.

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