La agencia calificadora de riesgo Moody’s Investors Service, en su última revisión de la nota crediticia de Nicaragua, no solo mejoró la perspectiva de esta sino que también suavizó sus expectativas sobre el impacto que tendría en la economía local la aprobación del proyecto de ley Nica Act, que aún sigue vivo en el poder legislativo en Estados Unidos.
Moody’s cree que es “poco probable que (esta) se apruebe” y señala que en caso de ocurrir y si el Gobierno crea condiciones para evitar afectaciones en la inversión y obtención de flujos financieros, el choque sería “temporal que no impondría un daño duradero al perfil crediticio de Nicaragua”.
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La Nica Act busca frenar el acceso de Nicaragua a financiamientos en los organismos multilaterales donde EE.UU. tiene poder de veto (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo), hasta que en el país se restauren los espacios democráticos y se combata la corrupción.
Además Moody’s le quitó presión al impacto que tendrá en la economía la disminución de la cooperación de Venezuela, aunque señaló la necesidad de mejorar la situación financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
“A pesar del significativo descenso de los flujos financieros netos de Venezuela, las autoridades han mantenido la estabilidad fiscal en los últimos dos años y han mantenido un entorno operativo que ofrece perspectivas favorables para el crecimiento y las cuentas externas”, indica el reporte completo de la calificadora.
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La tranquilidad de Moody’s es que pese a que los flujos financieros de Venezuela se han reducido de 5.9 por ciento del Producto Interno Bruto entre 2010 y 2011 a 0.7 por ciento del PIB en 2016, “las medidas tomadas por el Gobierno han limitado el impacto fiscal de esta disminución”.
Y aunque Moody’s es más optimista con que la Nica Act no se concretará, admite que la principal fuente de financiamiento externa sería afectada y no descarta que haya impacto en la confianza de los inversionistas en Nicaragua. Y espera que el Gobierno también sepa afrontar este impacto.
En una decisión publicada el 20 de julio, la agencia calificadora mejoró la perspectiva de la nota soberana de Nicaragua pasando de estable a positiva, pero le mantuvo la nota en B2, que se encuentra en el rango de altamente especulativo.
No confiarse
El economista Néstor Avendaño es cauteloso sobre la posición de Moody’s con relación a la Nica Act, aunque atribuye la mejora de perspectiva a la consolidación de la economía en términos macro, lo que también ha sido avalado por el Fondo Monetario Internacional.
La macroeconomía, según Avendaño, se ha visto favorecida este año por mejores resultados en la producción agrícola, lo que ha impulsado al sector exportador. “Hay conducta fiscal aceptable, la inflación en los primeros cinco meses del año es de apenas dos por ciento, en eso lo comparto con Moody’s, pero donde a mí me preocupa es la parte política que no hace mucha referencia”, enfatiza.
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“Desafortunadamente Moody’s aborda el Nica Act exclusivamente desde el enfoque económico. He manifestado que el Gobierno ya se atrincheró frente a la Nica Act en términos de cooperación externa”, lamenta.
Avendaño refiere que el Gobierno se ha blindado con fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que no son baratos respecto a los que ha venido recibiendo.
Desde octubre del año pasado Nicaragua habría contratado con el BCIE unos 600 millones de dólares en términos no concesionales. “En mi opinión hay tranquilidad en cuanto a flujo de cooperación externa al sector público, especialmente destinada a la ejecución de proyectos de inversión pública, sin embargo Moody’s ignora el impacto de algunas cuestiones políticas de la Nica Act”, afirma.
A criterio del economista hay dos realidades de la Nica Act y su impacto ignorados por Moody’s: “Una falta de acuerdo con la OEA (Organización de Estados Americanos), no sabemos cómo está ni Moody’s lo sabe, la OEA no ha hablado en público. Y segundo, la lista de corruptos de los poderes del Estado, donde sabemos que generalmente donde hay un corrupto del sector público hay uno del sector privado, y por consiguiente esa lista (que tendría que publicar el Departamento de Estado de EE.UU.) tendrá un impacto demoledor en el ámbito económico, un problema político con su efecto económico”.
Moody’s no tiene información
Avendaño cree que la calificadora no evaluó el aspecto político porque carece de información y recuerda que su principal fuente es el Banco Central de Nicaragua.
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Es por esta razón que Avendaño llama a no bajar la guardia. “No estoy de acuerdo en que los nicas hayan salido a quejarse en el exterior… pero no olvidemos que una Nica Act puede acelerar la inflación, puede dañar los flujos de inversión, no olvidemos que los Estados Unidos le dice a sus ciudadanos que no deben tener relaciones económicas, financieras y comerciales con cualquier corrupto señalado por el Departamento de Estado porque sino le cae la ley, y no debemos olvidar que el 20 por ciento de la inversión extranjera procede de Estados Unidos. No debemos estar tranquilos”, reitera.
FMI sí ve amenaza
El Fondo Monetario Internacional, en su último reporte, dijo que la Nica Act “podría reducir la disponibilidad de financiamiento externo de instituciones multilaterales y aumentar el costo de los préstamos. También podría afectar la inversión, el crecimiento y los ingresos fiscales”.
De hecho el cuerpo técnico del FMI cree que Nicaragua reemplazará al menos la mitad de los préstamos obtenidos del Banco Mundial y el BID con “recursos externos y domésticos menos concesionales”, lo que aumentaría la tasa de interés promedio de la deuda pública en aproximadamente dos puntos porcentuales con respecto a la línea de base.
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El Fondo sí cree que se podría “afectar la confianza de los inversores, reducir la IED y afectar el crecimiento y los ingresos fiscales”.
Reforma al INSS a la vista
El Gobierno de Nicaragua admitió ante Moody’s que el déficit del Instituto Nicaragüenses de Seguridad Social (INSS) seguirá en crecimiento y que sus reservas se agotarán hasta 2019 si no se hacen cambios. “En tal caso, el gobierno central probablemente necesitaría proveer asistencia financiera al INSS.
Sin embargo, la expectativa de Moody’s es que, sobre el horizonte de perspectivas de 12-18 meses, el Gobierno probablemente busque reformas de pensiones que apoyen la sostenibilidad del INSS a mediano y largo plazo”, señala la agencia calificadora en su reporte publicado el pasado 20 de julio de este año.
