Los reportajes de investigación de LA PRENSA elaborados por el periodista Octavio Enríquez, sobre los créditos millonarios del INSS a empresarios privados para la construcción de condominios de lujo, han planteado importantes preguntas de interés público que no han tenido respuesta oficial. En realidad, la única reacción del régimen orteguista a las investigaciones de LA PRENSA, de manera extraoficial, han sido los insultos y amenazas de un prominente asesor presidencial.
Debemos decir que si LA PRENSA investiga el financiamiento del INSS a proyectos inmobiliarios de lujo, es porque son fondos públicos que pertenecen a los afiliados y beneficiarios de la seguridad social. Si esos créditos fueran obtenidos por los empresarios privados en la banca comercial, nosotros no tendríamos por qué investigarlos.
Cabe mencionar que algunos de las personas que han recibido créditos financieros del INSS, o sus representantes, han sido relativamente abiertos a la investigación periodística de LA PRENSA. Sin embargo la información que han dado es insuficiente y no aclara un asunto tan delicado como este.
Por supuesto que es peor la actitud de las autoridades del INSS, quienes al parecer creen que esta institución social es de su propiedad o su negocio particular y de manera arrogante se niegan a responden a las preguntas de los periodistas investigadores. Pero las inversiones millonarias del INSS en esos negocios inmobiliarios de lujo son del máximo interés público y son muchas las preguntas planteados alrededor de este asunto, interrogantes que esperan las debidas aclaraciones de quienes tienen obligación de hacerlas.
La Ley de Seguridad Social no prohíbe las inversiones financieras del INSS, pero tienen que hacerse con transparencia y bajo determinadas condiciones. La Ley establece claramente que en las inversiones del INSS debe procurarse con la mayor seguridad y buscar el mejor rendimiento, así como en proyectos sociales “para los trabajadores y sus familias” que garanticen buenas utilidades a mediano plazo.
Si eso es lo que dice la Ley, sin dejar espacio a interpretaciones discrecionales, ¿entonces por qué se han prestado decenas de millones de dólares del INSS para la construcción de lujosos condominios, mientras la institución enfrenta un déficit colosal y se encuentra al borde de la quiebra financiera por causa de una pésima administración?
¿Cuáles son los beneficios que ha obtenido el INSS por los fondos invertidos en esos proyectos millonarios?
¿Es cierto o no que esos créditos han sido pagados, en parte o en su totalidad, como alegan sus beneficiarios?
La Constitución de Nicaragua garantiza en su artículo 66 que “los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz”. Además, en su artículo 131 establece que los funcionarios del Estado (y el director del INSS y los miembros de su Consejo Directivo son empleados estatales), “responden ante el pueblo por el correcto desempeño de sus funciones y deben informarle de su trabajo y actividades oficiales”. Y agrega que “también son responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren por abuso, negligencia y omisión en el ejercicio del cargo”.
Informar y rendir cuentas es una obligación básica de los funcionarios públicos, sean del INSS o de cualquier otro sector del Gobierno y el Estado. Eso no se sustituye insultando a los periodistas que buscan la verdad ni amenazando a los medios que velan por los intereses de la comunidad.
