A comienzos de abril Ortega nombró en la dirección de INE, el ente regulador de la industria eléctrica, al jefe del Estado Mayor del Ejército, retirado recientemente de la institución militar. Le nombra a contrapelo de la lógica elemental en una entidad que demanda una experiencia especializada en regulación eléctrica, que debe garantizar el respeto a las normas del sector, y contribuir a que la industria eléctrica opere con transparencia y con análisis de resultados para obtener estándares internacionales de eficiencia, seguridad, calidad y costos eficientes.
Ortega nombra a un militar en la dirección de INE, acostumbrado profesionalmente a operar en la sombra, educado en la obediencia ciega dentro del escalafón castrense, en razón de pertenecer por décadas a un ámbito donde se toman decisiones a discreción que luego se imponen verticalmente.
Cuando en lugar de un ente regulador independiente, Ortega toma al INE militarmente por asalto, mientras la Contraloría no ejerce su función, ni se planifica la expansión del sistema de potencia con proyección de resultados favorables, la industria eléctrica se presta a tremendas distorsiones económicas de largo plazo (a 15, 20, y hasta 30 años) en aras de la corrupción más desastrosa para la nación.
Escoger un soldado, esculpido militarmente a la medida del control que ejerce Ortega sobre las instituciones estatales, es un gesto teatral provocador, un desafío a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales que abogan por la separación de poderes, en momentos críticos cuando Ortega debiera contener la marcha desenfrenada hacia un absolutismo obcecado.
Reducir los costos energéticos de forma sostenible, para que el precio de la electricidad resulte cada vez más bajo, es un elemento estratégico determinante para disminuir costos productivos que contribuyan a la ventaja competitiva del país, y para promover un mejor nivel de vida a los ciudadanos.
Resulta deprimente escuchar que periodistas, comentaristas de televisión, exdiputados, etc., den por descontado que en Nicaragua se ha adoptado una política energética exitosa, a pesar que la tarifa de la energía eléctrica es la más alta de la región, y que buena parte del parque de generación eléctrica carece de los elementos técnicos básicos para cumplir con los parámetros de desempeño mínimo del sistema, exigido en las normativas.
Si cualquier proyecto constructivo que requiere un aval gubernamental se presta a negocios tangenciales (a sobornos, como vemos en Brasil o en Italia), sin un ente regulador autónomo este proceso en la industria eléctrica es fatal, porque los sobrecostos y las faltas técnicas a la calidad del servicio ponen de rodillas la economía de un país, por un tiempo estratégicamente prolongado.
La economía cobra exponencialmente la pérdida de oportunidades para mejorar la competitividad. La gestión estratégica consiste, como en la guerra, en reunir recursos oportunos y capacidades profesionales aptas para aprovechar fulminantemente las oportunidades e, incluso, para crearlas imaginativamente. El orteguismo, en cambio, sustrae recursos al futuro de la sociedad, en provecho propio.
Orteguismo no es solo el abuso dictatorial que deforma en propio interés las instituciones estatales, sino (lo más difícil de erradicar), es una dramática regresión cultural, no solo por la forma irresponsable de dirigir al país, las instituciones, las empresas, sin transparencia, sin formación profesional, sin un plan, sino, porque la impunidad, la discrecionalidad, la sumisión y el servilismo incondicional, que se imponen sobre el mérito técnico, terminan por reproducir a todos los niveles la negligencia y la indiferencia en los servicios públicos y privados (ya que pueden ahorrarse costos deprimiendo la calidad), profundizando así la indefensión del ciudadano ante el descalabro de las relaciones sociales.
El orteguismo es una avalancha de ineficiencia y anarquía, que se presenta intempestivamente oculto bajo los pliegues del abuso arrogante y de la corrupción impune. Es una expansión de la demagogia como una marea que se cuela por los intersticios de la sociedad, y pone a dirigir instituciones claves a militares sin formación pertinente, sin conocimientos.
Ortega fomenta la chapucería y la secretividad impune como gestión de gobierno. Por ello, mantiene las universidades bajo control absoluto, para sustraerle capacidad crítica a la sociedad. Un militar a la cabeza de INE es posible solo en un régimen abusivo que cuenta con una sociedad que ha perdido capacidad crítica.
El autor es ingeniero eléctrico.
