Si bien es cierto la Nica Act es indeseable porque su aprobación e implementación nos afectará a todos, más lo son las acciones realizadas por Daniel Ortega en sus diez años de gobierno al desmontar la institucionalidad y el Estado de Derecho en nuestro país, entregar la soberanía con la ley del Canal y peor aún, suprimir los derechos ciudadanos de los nicaragüense y el más elemental de todos: el derecho a elegir a sus autoridades y ser electo.
La perversión de sus acciones ha sentado las bases de una dinastía familiar, nombrando candidata a su esposa para que luego en elecciones amañadas resultara designada por el Consejo Supremo Electoral como vicepresidenta y su sucesora en el poder. Su residencia es la Presidencia de la República y la secretaría del Frente Sandinista, generándose la confusión familia-Estado-partido.
A esto se le suma la ubicación de algunos hijos en puestos claves en el Estado y, a otros al frente de grandes inversiones económicas, producto de una ayuda venezolana que no pasó por la Asamblea Nacional para que se convirtiera en elemento clave de desarrollo económico que nos sacara del segundo lugar de la pobreza de Latinoamérica. Por el contrario, esta cooperación ha contribuido, según reportes de prensa, a que la familia Ortega Murillo sea considerada una de las más ricas de Nicaragua.
Según los expertos en el tema, con la plata venezolana han monopolizado los medios de comunicación hasta en un ochenta por ciento, controlando la opinión pública y, al mismo tiempo, acallan, toman represalias o mediatizan a los medios independientes, para que no haya voces discordantes que creen conciencia alrededor de la demanda de una mejoría en la gestión gubernamental, que empodere a la gente para que reclame la transparencia en la gestión y denuncien la corrupción porque temen que su continuidad en el poder se ponga en peligro. La más reciente arbitrariedad es el cierre del programa radial Onda Local, cuya directora, Patricia Orozco, fue militante de la histórica segunda promoción del Frente Sandinista.
La concentración de poder de Ortega ha llegado a niveles de subordinación total de los poderes del Estado, todos los magistrados sin excepción están alineados a lo que les orienta el comandante o acomodados al régimen. Esto también se aplica en la Asamblea Nacional, cuyo dominio total se alcanzó en el segundo período del mandato de Ortega, los diputados de Ortega reciben órdenes, y quienes no lo son, solo han tenido derecho al berreo, a ganar un jugoso salario y de alguna manera a legitimar la dictadura, ahora dinástica en este tercer período.
Y qué decir de la autonomía municipal o de la Costa Caribe, fue barrida totalmente. Y los derechos de los indígenas, muy bien gracias.
Ortega está cerrando todas las opciones para un cambio en el poder y la solución de los conflictos por la vía pacífica, peor aún está tratando de someter al Ejército y la Policía a sus dictados. La aplicación arbitraria de las leyes y la pérdida de credibilidad de estas instituciones, para desgracia nuestra podrían violentar la paz y ensangrentar nuevamente la patria.
Daniel Ortega y quienes le acompañan en el poder son los responsables de lo que está sucediendo en Nicaragua y los que tienen la llave para que la Nica Act no sea aprobada. El tiempo se está agotando y la OEA es un buen puente para restituir el Estado de Derecho y hacer prevalecer la majestuosidad de la ley.
El autor es sociólogo. Autor del libro: Ramiro Sacasa Guerrero. El Poder de Servir.
