En el caso de Venezuela, la OEA demostró que, igual a lo que se decía antiguamente, “las cosas en palacio van despacio”, también en dicha organización, por razones diplomáticas y falta de firmeza de los países democráticos, “las cosas en la OEA van despacio”. Pero, al menos se logró poner la crisis de Venezuela en la agenda de la OEA, pese a la obstinada resistencia de Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Almagro sabe ahora que el Gobierno de Nicaragua, con el que suscribió acuerdos para el fortalecimiento democrático, considera a la OEA como un organismo “injerencista, capaz de intervenir en los asuntos internos de los estados miembros”.
De acuerdo con el Memorándum de Entendimiento suscrito el 28 de febrero pasado, Almagro se comprometió a instalar en el país una Misión de Cooperación que deberá presentar al gobierno “una propuesta de proyecto para la ejecución de los componentes mencionados en el artículo II” del Memorándum.
¿Cuáles son esos componentes? Son dos: uno de ellos se refiere a desplegar una Misión de Acompañamiento Electoral a las elecciones municipales del próximo 5 de noviembre, para lo cual la Secretaría General ya firmó con Roberto Rivas, en su calidad de presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), un “Acuerdo sobre el procedimiento de la Misión de Acompañamiento Electoral” y otro con el ministro de Relaciones Exteriores sobre los privilegios e inmunidades de los observadores electorales.
El primer reto que debe enfrentar Almagro es conseguir los recursos necesarios para instalar en Nicaragua la Misión de Cooperación, más los indispensables para realizar una eficiente observación electoral de las elecciones municipales próximas. Según el artículo IV del Memorándum, “este por sí solo no implica obligaciones de carácter financiero para las Partes”. Almagro tendrá que gestionar esos recursos en circunstancias difíciles. Es dudoso que la Unión Europea quiera aportarlos y el Departamento de Estado de Estados Unidos, que podría ser otra posible fuente de financiamiento, sufrirá un fuerte recorte presupuestario si se aprueba la propuesta fiscal del presidente Donald Trump. Si la OEA envía una raquítica misión de observación para las próximas elecciones, su presencia no será garantía suficiente para asegurar su transparencia.
Otro reto para Almagro será velar por el cumplimiento del compromiso contraído por el Gobierno de Nicaragua de continuar “fortaleciendo la institucionalidad electoral de acuerdo a los estándares regionales y buenas prácticas”. El control partidario que actualmente ejerce el poder ejecutivo sobre el CSE, responsable de varios fraudes electorales y cuya credibilidad fue seriamente cuestionada en los informes de las misiones de observación electoral de la OEA, que tuvieron presencia en varios de los más recientes procesos electorales, no dejan dudas acerca de que el actuar del actual CSE en nada se compara con dichos estándares y buenas prácticas.
Cabe preguntarse: ¿Cómo hará la Misión de Cooperación de la OEA, que se instalará en Managua, para encontrar, en sus análisis, el menor ápice de concordancia entre el proceso político electoral de Nicaragua y los compromisos contraídos por el Estado de Nicaragua según los instrumentos normativos del Sistema Interamericano? Por el momento, no se vislumbra ninguna voluntad política de parte del Gobierno para hacer los cambios profundos que se requieren en el poder electoral para que este pueda garantizar “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”, tal como lo demanda el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Si Ortega no está dispuesto a hacer concesiones de fondo en materia electoral de muy poco servirá mejorar los aspectos técnicos del padrón electoral y la cedulación.
La transparencia es uno de los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. La Secretaría General de la OEA debería dar un ejemplo de dicha transparencia haciendo público el informe que remitió al Gobierno de Nicaragua expresándole “sus preocupaciones referidas al proceso electoral entonces en curso” (el que culminó el 6 de noviembre pasado). Es lógico que el pueblo de Nicaragua reclame su derecho a conocer dicho informe, de significativa importancia para valorar la legitimidad de esas elecciones.
El autor es jurista y catedrático.
