En los años setenta, algunos investigadores de la Administración Pública Financiera (académicos, hoy exfuncionarios de Bancos Multilaterales y del sector público), precisaron que la corrupción era necesaria, estaba hermanada con el desarrollo económico y era un lubricante que hacía operar mejor el engranaje del sector público.
Independiente de las precisiones anteriores, países donantes, bancos multilaterales y otras organizaciones, iniciaron una campaña para que los países recipientes de fondos establecieran una gestión adecuada de sus finanzas públicas. Para ello, en concepto de donaciones, recibieron asistencia bilateral, cooperación técnica y capacitación nacional e internacional.
Varios millones de dólares fueron invertidos en áreas de fortalecimiento como: reforma o establecimiento de sistemas nacionales de control y finanzas (contralorías o corte de cuentas); preparación y ejecución presupuestaria; mejoras de los sistemas de contabilidad a nivel nacional y de entidades públicas; cursos de formación y actualización de contadores, auditores, economistas, financieros, abogados; diseño o actualización en sistemas integrados de compras y adquisición de bienes y servicios, y sistemas de licitaciones públicas nacionales y extranjeras. Para casi todos estos proyectos se elaboraron leyes, reglamentos y manuales de operación.
En forma paralela surgieron los proyectos de reforma a los poderes legislativos y judicial. Los agentes externos consideraban un paraguas para protegerse del cáncer de la corrupción. Al transcurrir los años, la repuesta fue un rotundo no, la lluvia era tropical, ventosa y el paraguas tenía infinidad de hoyos. El dinero recibido para las cooperaciones técnicas sirvió de poco, y los gobiernos, de la mano con el sector privado, cada día se movieron hacia el péndulo de los más corruptos.
En años recientes, en Latinoamérica existen al menos ocho expresidentes y una cantidad importante de funcionarios públicos de alto nivel —políticos y empresarios— que han sido o están siendo procesados legalmente por soborno, fraudes, y manejos indebidos del erario, mostrando que las enseñanzas recibidas, las reformas institucionales, los nuevos sistemas y legislaciones, no dieron buenos frutos y el dinero y esfuerzo puesto para ordenar los aspectos financieros y administrativos de los gobiernos, se convirtieron en ejercicios académicos, efímeros para cumplir alguna condicionalidad de los donantes.
Se puede asumir que las mayores limitantes fueron: falta de interés de líderes y clase política de hacer cambios verdaderos; intención de mantener el estatus quo en los sistemas y leyes, para que imperara la discrecionalidad en las decisiones; resistencia al cambio y al ordenamiento. El esquema de instituciones y leyes inapropiadas era un campo fértil para cometer errores voluntarios o no; efectuar abusos con los fondos públicos; instaurar los delitos de soborno, fraudes y malversación de fondos.
En Nicaragua vivimos un festival carnavalesco permanente, en el manejo de los fondos públicos. Ejemplos notorios son el enriquecimiento ilegítimo de la dinastía de los Somoza, la piñata sandinista de los 79/80; gestiones posteriores como las privatizaciones, negociados con bancos privados fracasados, toma de tierras, devolución de bienes, propiedades, fincas confiscadas con anterioridades y otras transacciones de naturaleza legal dudosas. El soborno, o coima en el léxico popular, se convirtió en moneda de curso legal en Nicaragua (se impuso la danza de los US$ millones)
Un entretejido de corrupción de grandes magnitudes fue descubierto en el caso Odebrecht, la compañía constructora brasileira más grande de Latinoamérica, que opera en 27 países, incluyendo los EE.UU. El 22 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de EE.UU. informó que entre 2001 y 2016, Odebrecht realizó sobornos en diez países de la región y dos en África. Los dineros eran entregados a gobernantes, funcionarios oficiales, partidos políticos y miembros de ellos, candidatos presidenciales, y ejecutivos de empresas. Los departamentos de Justicia de esos países están colaborando en el proceso de investigación.
El monto de los sobornos asciende a 788 millones de dólares, distribuidos en millones de esta manera: Brasil, US$349; Venezuela, US$98; República Dominicana, US$92; Panamá, US$59; Argentina US$35; Ecuador, US$33.5; Perú, US$29; Guatemala, US$18; Colombia, US$11; México, US$10.5. La autoridad norteamericana aplicó “El Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero”. La empresa aceptó el pago de US$3.500 millones en multa.
El Departamento de Justicia de EE.UU. aún no termina sus investigaciones, por lo que existe la posibilidad que se determinen qué otros países de la región también recibieron sobornos. Adicionalmente, nuestros funcionarios públicos y ejecutivos de empresas son altamente vulnerables a recibir sobornos, participar en fraudes, hacer uso indebido de fondos públicos, traficar con influencias, dadas las irregularidades sistémicas mencionadas, y su enojo sempiterno con los valores de la ética y las prácticas morales.
La acción y efecto de conectarnos es productiva para los negocios y a su vez se corre el riesgo de distanciarnos de la familia y comunidad. En el mundo globalizado, incluidas las economías de los países, crece y se inserta la globalización: de la criminalidad; la corrupción; los tráficos de seres humanos, droga y armas; la discriminación por raza, religión, sexo, emigrantes, niños y ancianos; la proliferación de casa de juegos.
Actividades altamente rentables, a veces consideradas como parte de la prosperidad de los países.
El autor es Contador y gestor publico.
