Al Memorándum de Entendimiento de la OEA con el régimen de Daniel Ortega, que según dicen sus firmantes es para “el fortalecimiento institucional político-electoral de la República de Nicaragua”, se le podría aplicar el refrán que dice: “del lobo un pelo”; el cual, como es bien conocido, se refiere a aquellas situaciones en las que se obtiene algo que no es lo que se desea, pero es mejor que no conseguir nada.
La doctora Rosa Marina Zelaya, exsecretaria y expresidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), ha dicho que este acuerdo “es positivo, pero insuficiente para la democracia en Nicaragua en cuanto a contar con elecciones libres, justas y transparentes, ya que eso requiere una recomposición del Consejo Supremo Electoral y de todas las estructuras subordinadas al sistema electoral”.
Por su parte, la señora Kitty Monterrey, principal dirigente del nuevo partido opositor Ciudadanos por la Libertad que está a punto de obtener el reconocimiento de su personalidad jurídica y podría participar en las elecciones municipales de noviembre próximo, también valoró positivamente el susodicho Memorándum. Según Monterrey, este acuerdo representa la única vía para cambiar al régimen de Daniel Ortega, lo cual, aseguró, solo se puede lograr a través de un proceso electoral.
Una apreciación diferente, pero igualmente atendible, es la del Frente Amplio por la Democracia (FAD). “No hay, hasta ahora, ningún cambio en las condiciones del sistema electoral, que nos garantice a los nicaragüenses que podremos, libremente, sin presiones ni amenazas, ejercer nuestro derecho a elegir y ser electos”, se dice en una declaración de esa agrupación política pluralista, que rechaza la participación en elecciones mientras no haya “un sistema electoral independiente, creíble y confiable; con cambio de magistrados en el Consejo Supremo Electoral”, entre otras condiciones sustantivas.
A nuestro juicio, el Memorándum de Entendimiento, aunque chiquito en su contenido y proyecciones, es una derrota de Daniel Ortega que a mediados del año pasado inició una ofensiva totalitaria contra el pluralismo político, la observación electoral internacional y la función de la misma OEA. Sin embargo, esto no significa que Ortega ha renunciado a su objetivo estratégico de no entregar el poder a nadie más que no sea alguien de su familia o de su mismo partido.
En las elecciones municipales Ortega no pondrá en juego el poder político omnímodo que detenta actualmente. El acuerdo con la OEA es para él una estratagema con el fin de evitar que el Congreso de los Estados Unidos apruebe la “Nica Act” o cualquier otra sanción contra su régimen antidemocrático.
Pero en todo caso, esa apertura forzada y mínima en el ámbito electoral podría ser aprovechada por la oposición, para ganar espacios y avanzar en la larga, penosa y compleja lucha por la restauración de la democracia, cuyos resultados no pueden ser a corto plazo por la pasividad actual de la ciudadanía nicaragüense.
