Es vox populi que en Nicaragua los derechos humanos se encuentran en decadencia. Constantemente escuchamos múltiples quejas de personas o grupos de personas que son vulneradas. Su principal agresor: el Estado de Nicaragua. En esta ocasión no me voy a referir a determinada institución pública sino al Estado en sí, como ente obligado a velar por el bienestar de todos los ciudadanos.
El pasado 10 de diciembre el mundo entero celebró el Día Mundial de los Derechos Humanos, conmemorando de esta manera el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que pregona la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Cuerpo legal perfecto pero que en nuestro país no existe una praxis al respecto.
Montesquieu mencionaba que el Estado es “una sociedad que tiene leyes, donde los miembros de esta, gozan de libertad, misma que no podrá consistir en otra cosa que el poder hacer lo que se debe querer, mas nunca en ser obligado a hacer lo que no debe quererse. Esta libertad es entonces, el derecho de hacer lo que las leyes permitan”. Hoy, 261 años después de su muerte, nos es difícil comprender el significado de esta aseveración, a pesar que nuestro ordenamiento jurídico se ha enriquecido en los últimos años respecto a leyes que nos protegen como ciudadanos, pero que no se aplican.
Recientemente asistí a un foro donde el tema principal era los Derechos Humanos en Nicaragua. Uno de los panelistas fue monseñor Silvio José Báez, quien hizo referencia a que “el rey tiene que leer todos los días la ley y recordar los límites que tiene su poder”, si las personas encargadas de llevar las riendas del Estado aplicaran diario esa enseñanza, nuestro país fuese más digno y más humano.
Para ejemplificar lo anterior, mencionaré un hecho que ocurrió recientemente: me refiero a la manera que fueron tratados los campesinos por querer hacer valer sus derechos humanos y constitucionales, por medio de una marcha. Varios fueron agredidos con golpes y balas de goma, pero a uno de ellos la Policía Nacional le impidió ser auxiliado en tiempo y forma, hasta que un sacerdote imploró que le proporcionaran atención médica. Si los oficiales leyeran todos los días los cuerpos legales, se darían cuenta que nuestro Código Penal tipifica como delito la omisión de auxilio. Pero, también deben de tener presente la ética y valores.
Es obligación que los ciudadanos nicaragüenses velen porque todos los derechos y garantías constitucionales se cumplan. Es una exigencia solicitar a los tomadores de decisión del Estado que den respuesta a las múltiples violaciones de Derechos Humanos y que no ofrezcan únicamente una sonrisa; como recientemente lo hizo la comisionada Aminta Granera al ser cuestionada sobre la represión policial a los campesinos.
“No perdamos la esperanza”, otra de las frases de monseñor Silvio Báez, me ha proporcionado como ciudadana nicaragüense una visión positiva para los días venideros. Hay que seguir trabajando para construir la Nicaragua que soñamos. Un país con libertad, justicia, equidad, transparencia, acceso a la información y respecto total a los derechos humanos.
La autora es experta en anticorrupción y Estado de Derecho.
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