Los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debieron sorprenderse, pero también indignarse, al saber que el régimen de Daniel Ortega culpa a los indígenas de ser los culpables de la violencia en el Caribe Norte de Nicaragua.
El régimen orteguista dio a conocer esa perversa acusación en un informe a la CIDH que esta le había demandado desde septiembre del año pasado, después de recibir varias denuncias debidamente documentadas de organismos defensores de los derechos humanos sobre la violencia que sufren las comunidades indígenas de las regiones del Caribe nicaragüense.
En realidad, desde hace más de siete años los Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI) han venido denunciando la invasión de sus territorios por personas que llegan de otras partes del país —en muchos casos protegidas por las autoridades del Estado—, para desforestar áreas protegidas y apoderarse violentamente de las tierras comunales de los pobladores originarios.
Desde que Daniel Ortega comenzó a instaurar su nueva dictadura, en 2007, más de treinta ciudadanos indígenas han muerto como consecuencia de la violencia armada desatada por los invasores y muchos han tenido que huir de sus hogares ancestrales. Por la falta de protección del Estado, en algunos casos los indígenas se han visto obligados a autodefenderse con armas rudimentarias.
La función primordial del Estado es garantizar la vida, la seguridad, la integridad física y el patrimonio de todos los nicaragüenses, independientemente de su condición étnica y social, posición económica, credo religioso o afiliación política. Para ese fin —y no para proteger dictadores— es que existen los tribunales y las instituciones policiales y militares y por eso mismo el Estado ejerce el monopolio de la coerción y la fuerza.
La Constitución de Nicaragua reconoce que “toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana”, y hace propias las declaraciones, convenciones y tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, en la realidad los derechos de las personas no son respetados y el Estado no cumple su obligación de proteger a la gente. Así lo demuestra el desamparo de los indígenas del Caribe mientras el Estado derrocha gran cantidad de dinero y recursos humanos en los desmesurados aparatos de seguridad personal y familiar del dictador Ortega y sus allegados.
El Estado de Nicaragua es oligárquico y dictatorial, no es un garante de la seguridad, el patrimonio y la vida de los indígenas del Caribe, como tampoco lo es de los campesinos que habitan en la extensa franja territorial de la ruta canalera que Daniel Ortega concedió en condiciones onerosas para el país a la empresa china de Wang Jing.
El Estado orteguista es enemigo de los indígenas y de los campesinos, quienes para defender sus derechos solo pueden y deben confiar en sus propias fuerzas, en su organización y capacidad de resistencia. Una resistencia que es y debe ser cívica, porque la violencia y la lucha armada como forma de defender los derechos y para la toma del poder, ya no tienen cabida en Nicaragua.
