Siete años y tres meses han pasado desde que las autoridades de los Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI) denunciaron de manera formal 339 casos documentados de invasiones de territorios indígenas, en la zona núcleo de la Reserva de Biósfera Bosawas. En contraste, el gobierno de Daniel Ortega asegura que no interviene porque no hay denuncias, según Lottie Cunningham, del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
Las denuncias presentadas consisten en el censo de colonos invasores, cada caso documentado en más de 300 fólderes con los detalles, trabajo que se logró realizar con la colaboración de la Agencia estatal de la Cooperación Alemana bilateral (GIZ de Alemania), de acuerdo con el programa de apoyo a la Zona de Reserva de Biósfera Bosawas, reveló el exdiputado Agustín Jarquín Anaya, quien en ese entonces era presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios en la Asamblea Nacional.
“A la fecha estos fólderes, de los que tiene copia electrónica la Policía, el Gobierno y la Asamblea Nacional, se encuentran esperando ser atendidos en la delegación de Siuna”, aseguró Jarquín.
Además, el 29 de julio de 2011, Jarquín y el también diputado Brooklyn Rivera, líder indígena y quien en ese entonces era presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, solicitaron con “urgencia” a la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, una reunión para abordar “los graves casos de denuncias en la Policía que se encuentran en ‘proceso’ desde hace un año, sobre invasiones de tierra dentro de la zona núcleo de Bosawas”, pero nunca hubo respuesta de esa solicitud.
Jarquín y Rivera eran aliados del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y fueron destituidos de sus cargos de diputados en diferentes momentos por mostrar su oposición a las políticas del gobierno de Ortega. Particularmente, Rivera, líder del partido indígena Yatama, fue destituido bajo acusación de venta ilegal de tierras indígenas.
El conflicto entre indígenas y colonos (como le llaman los indígenas a quienes llegan del Pacífico a tomar sus territorios), ha cobrado más de 30 vidas desde 2008 hasta 2016, lleva más de 25 años sin ser resuelto en su etapa más moderna y más de 155 desde que se anexó la costa Mosquitia a Nicaragua, según autoridades indígenas de la zona.
Gobierno culpa a indígenas
En el diagnóstico que el Gobierno de Nicaragua envió el pasado 12 de diciembre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se culpó principalmente a los indígenas y a organizaciones de derechos humanos de incitar a la violencia que azota a la costa Caribe Norte, por los conflictos territoriales.
Las 35 páginas del documento tienen como conclusión que el origen del problema es “la venta ilegal de tierras comunales por parte de comunitarios, líderes y autoridades comunales a terceros”.
También acusan a Yatama de realizar acciones de desestabilización y desinformación en Waspam y Bilwi.
Este diagnóstico fue solicitado por la CIDH el primero de septiembre de 2016 tras las denuncias elevadas a la Corte por organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, el informe no menciona los asesinatos a indígenas, ni secuestros ni violaciones, tampoco enumera las decenas de ataques violentos que han sido denunciados por líderes comunitarios y organizaciones de derechos humanos desde 2011.
Gobierno no asume su responsabilidad
Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), manifestó que no le sorprende el hecho de que el Estado de Nicaragua los haya responsabilizado de la violencia vivida por los indígenas en el Caribe Norte del país.
“El Gobierno de Nicaragua ha demostrado ser hostil contra los derechos humanos de sus ciudadanos, es irresponsable con las medidas cautelares que la CIDH aprobó a favor de los indígenas. No tiene voluntad política de cumplir con sus compromisos internacionales respecto a esta materia y pretende evadir su responsabilidad de Estado culpándonos, pero es una estrategia sin fundamento y sin credibilidad internacional”, dijo Leiva.
Leiva, junto con Marcos Carmona, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció ante los relatores de la CIDH la violación de los derechos humanos de los migrantes cubanos, haitianos y africanos que quedaron varados en la frontera sur con Costa Rica porque el Gobierno de Nicaragua los repelió con antimotines y gases lacrimógenos.
