Inicio este artículo de opinión con lo que el gran pensador griego, Aristóteles, señaló que “el poder absoluto, corrompe absolutamente”, dejando bien claro la facilidad con la que el hombre que ostenta todo el poder, puede corromperlo todo. En Nicaragua tristemente hasta la presente fecha se ha venido observando la promoción y la instauración de un proyecto personal perverso de un poder político absoluto y centralizado en mano de una sola persona el cual, ha traído como consecuencia la destrucción y la independencia de las instituciones públicas así como de otros poderes del Estado nicaragüense; generándose la injusticia, la indolencia y la impunidad que es uno de los problemas más acentuado en la tutela de los derechos humanos de la sociedad nicaragüense; afectándose, la democratización y la consolidación de un auténtico Estado de Derecho. Se han reformado la “Constitución Política de Nicaragua” en el sentido de permitir una reelección indefinida en la Presidencia del Poder Ejecutivo con funciones administrativas más amplias como dictar decretos ejecutivos así como validar concesiones en contra de la voluntad de sus ciudadanos que lesionan abiertamente la soberanía de Nicaragua como es el caso de la construcción de un canal interoceánico, al igual que otras violaciones; en igual sentido se ha reformado la “Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de la Policía Nacional” y el “Código Militar” que promueven que el nombramiento y permanencia en su cargo tanto de la Directora General de la Policía Nacional como del Jefe del Ejército de Nicaragua depende a discreción y conveniencia del Presidente del Poder Ejecutivo dejando al Ministerio de Gobernación si roll de control y funciones en el caso de la Policía Nacional de Nicaragua el cual, se ha convertido en sus actuares en una institución policial partidaria en igual forma el Ejército de Nicaragua, cercenando el profesionalismo e institucionalidad de ambos cuerpos, en el compromiso de respetar la “Constitución Política de Nicaragua” y las leyes impidiendo el accenso según la línea de sucesión de estas instituciones.
Las anteriores circunstancias sustentan que el actual gobierno del Estado de Nicaragua tiene como único objetivo de perpetuarse en el Poder y para ello no hace el esfuerzo en asegurar la independencia y transparencia del Poder Electoral y así garantizar el respeto al voto popular y el ejercicio de los derechos políticos como un derecho humano fundamental de los nicaragüenses sin excepción. Es más que evidente que el Estado de Nicaragua en toda su dimensión ha venido violentando de forma abierta los derechos fundamentales de la mayoría de los nicaragüenses tutelados en la “Constitución Política de Nicaragua” e instrumentos internacionales en materia de los derechos humanos.
Un país, donde sólo uno o dos individuos ejercen el control de todo el Estado, es un poder absoluto que corrompe absolutamente; afectándose la igualdad, dignidad y libertad para tener la opción de una vida libre de miseria y miedo que trata de imponer este gobierno que viola de manera permanente la “Constitución Política de Nicaragua” el derecho al trabajo, salud, educación, libertades civiles, seguridad social, igualdad, justicia laboral que es parte de la justicia social y sobre todo el Estado de Derecho.
“Los hombres se quejan de «la injusticia y el abuso» hasta que son capaces de ganar fuerza. Una vez que este poder está en sus manos, lo usan si es necesario para la comisión de injusticias y abusos”. Henry Becque.
El autor es Abogado Especialista en Derecho Laboral y Constitucional con mención en Derechos Humanos.
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