Existe un deterioro total de los derechos humanos de los nicaragüenses, donde prevalece una Policía partidarizada, poderes del estado sometidos al poder ejecutivo y un pueblo en indefensión.
Lo anterior lo resumió el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, al hacer un balance de lo que ha sido la gestión realizada durante el presente año, por parte de esa organización en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses en el país, donde además indicó no hay seguridad jurídica, la represión policial se ha incrementado, persisten pocos medios de comunicación independientes y los que existen están a punto de colapsar por falta de publicidad.
A esto le agregó que los defensores de derechos humanos están expuestos a que les criminalicen o sometidos a represión al incidir el Estado entre los organismos donantes para que no les apoyen y así no puedan brindar acompañamientos a la ciudadanía.
Pese a las limitaciones económicas, que según dijo Carmona no les permitió abrir nuevas filiales como pretendían, la CPDH recibió durante el presente año a más de dos mil ciudadanos a quienes les brindó algún tipo de asesoría, de los cuales 700 representaron casos de denuncias, de las cuales más del 50 por ciento estaban relacionados con casos de violencia intrafamiliar que no habían encontrado respuesta por parte de las autoridades.
«Esto porque al cerrar las Comisarías de la Mujer y la Niñez no le están dando atención integral«, explicó Carmona, que aseguró que un 23 por ciento estuvo relacionado a denuncias por la actuación de la Policía Nacional que aunque fue menor que lo reportado el año pasado, a su criterio «no significa que la Policía está siendo menos represiva», sino que menor cantidad de gente está denunciando los hechos, ya sea porque han perdido la confianza u otros por la falta de recursos que quizás esa organización no les dio el seguimiento necesario.
Policía represiva
«Hay que señalar que tenemos una Policía represiva, intransigente, violatoria de los derechos humanos que está a favor de un partido político y lo que menos interesa es garantizar seguridad a los nicaragüenses», sostuvo Carmona,
Tras agregar: «En Nicaragua ya se perdió el verdadero estado de derecho y se está gobernando bajo un estado de hecho.Aquí sentimos que el gobierno colapsó la institucionalidad».
La abogada de esa organización, Karla Sequeira, destacó que durante el año también observaron un claro retroceso al debido proceso por parte del Poder Judicial, donde no existe una división clara de los poderes del Estado.
«Lamentablemente existen procesos judiciales viciados», dijo Sequeira quien puso de ejemplo el caso de Santos Calonge detenido en El Ayote por sospechas de estar vinculado al crimen del jefe de la Policía de Boaco, Buenaventura Miranda Fitoria, quien sin ningún proceso judicial fue detenido y luego también así fue liberado.
A su vez, mencionó Sequeira que las órdenes judiciales no son acatadas ni por el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) ni por la Policía, sino por una comisión interdisciplinaria que es la que decide.
