En esta entrevista con LA PRENSA el magistrado presidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), César Ernesto Salazar, responde a críticas del Gobierno de Costa Rica que señalan a la Corte de parcializarse hacia intereses políticos de alguno de sus miembros y si conviene reformar el sistema de selección de los magistrados de ese tribunal.
En la actualidad Honduras, El Salvador y Nicaragua son Estados parte del Convenio de Estatuto de la CCJ. Guatemala es parte pero aún no es integrante pleno. Belice, Costa Rica y Panamá suscribieron el Convenio de Estatuto, pero aún no lo han ratificado. República Dominicana expresó su interés en formar parte.
La CCJ es el órgano judicial del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Salazar asumió la presidencia de la CCJ el 4 de mayo de 2016.
¿Qué hará desde la Corte para favorecer la integración?
En un órgano jurisdiccional lo primero es resolver al justiciable, es decir, tratar de tutelar efectivamente los derechos de las personas, de los órganos de Estado en un proceso de integración, que mal o bien, está avanzando y que necesita seguridad jurídica de sus actos. Lo segundo es que el ciudadano común se sienta con todas las garantías de acudir (a la CCJ) y que si bien es cierto es un sistema complejo, que tenga la plenitud de ir a la Corte.
¿En qué casos puede recurrir el ciudadano común ante la CCJ?
El proceso de integración centroamericana es integral y global e incluye a todos los sectores y al tener un sistema político de decisión y un pilar jurisdiccional implica que las decisiones que se toman a nivel de los gobiernos afectan a las personas naturales y jurídicas. Ante eso es obvio que cualquier persona natural o jurídica puede acudir a la Corte Centroamérica directamente, sin esperar recurrir a un tribunal nacional (en sus países) para solicitar la tutela de algún derecho que considere vulnerado.
Entiendo que en materia de Derechos Humanos no.
Siempre hay una posibilidad porque recordemos que si un órgano del SICA toma una decisión, por ejemplo, un consejo de ministros adopte una decisión en materia económica o social, a través de la cual, eventualmente puede vulnerar el derecho de la persona sí es posible que la Corte en los casos concretos determine competencia en Derechos Humanos, porque la decisión que afecte los derechos de la persona son con los órganos del SICA (…). Ahora, para la eventualidad de que se violen los derechos humanos por un Gobierno dentro de los Estados nacionales ahí no (es competencia de la CCJ), porque para eso está el Sistema Internacional de Derechos Humanos y el Sistema Regional de Derechos Humanos.
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Otros cambios
¿Qué otros cambios ve necesarios a lo interno de la CCJ?
La presidencia de la Corte no es un derecho, sino una obligación en el sentido en que lo que hacemos es continuar los trabajos de los magistrados. En ese sentido, a corto plazo, en primer lugar es abrir la puerta al mundo y para eso a partir del 14 de octubre se abrió un nuevo portal (electrónico de la CCJ) donde se puede bajar información, donde se darán a conocer los estados financieros y la rendición de cuentas. Ese es uno de los primeros objetivos de mi parte. Y el segundo es que con la incorporación de Guatemala el próximo año, poder abrir las salas de primeras instancias especializadas, porque en este momento es de única instancia. Ya con ocho magistrados (en la CCJ) vamos a poder tener salas de primera instancia especializadas en materia económica, en materia penal, etcétera y tener una corte plena en segunda instancia. Eso va a garantizar de alguna manera lo que propone el Pacto de San José, de tener doble instancia en cualquier jurisdicción.
Eso permitirá apelar las resoluciones, pero crea más burocracia en el sistema.
No. Da más seguridad y eficacia del funcionamiento porque tendríamos salas especializadas, porque podrían resolver con prontitud y con especialidad los casos presentados. La primera sala de importancia que se crearía es la de Integración Económica y luego la de materia de Seguridad y la Penal, que podrían ser para los problemas que existen actualmente, una cooperación a nivel judicial.
El Gobierno de Costa Rica planteó reformas a los estatutos de la CCJ, (desde que le ordenó parar la construcción de la carretera en la zona limítrofe con el río San Juan), porque critica que es un órgano que favorece políticamente.
El tema de Costa Rica no se puede ver solo pensando que no quieren formar parte de la Corte, porque en primer lugar ellos han estado insistiendo en participar mediante la necesaria reforma del estatuto. Eso quiere decir que ellos no están diciendo que no quieren ser parte, sino que lo harían con cambios, eso es positivo porque reconocen su necesaria incorporación. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha dado sentencias a favor del derecho comunitario y ha dado seguridad jurídica por la vía nacional de los acuerdos regionales. ¿Qué quiere decir eso? Que Costa Rica está colaborando con el proceso de integración (…). Debemos entender que las velocidades de los países no son iguales para incorporarse.
Selección de los magistrados
También se ha propuesto reformar la forma de selección de los magistrados porque se critica que el cargo hasta sirve de premio político en unos países. ¿Usted qué dice?
Es tan inicial nuestro proceso de integración que hay pocos especialistas en el tema. No tenemos en este momento carreras (universitarias) sobre el Derecho de la Integración, no tenemos especialistas en todos los países. En República Dominicana, Panamá o Belice difícilmente vamos a hallar una persona que conozca el Derecho Comunitario y el Derecho Centroamericano, entonces no podemos ser rígidos y pedirle a una Corte panameña que elija (a sus magistrados para la CCJ) sobre la base del conocimiento de los tratados internacionales, porque ellos hasta hace poco se incorporan de manera más profunda (…). Si pudiera haber una reforma que obligara a las cortes de los países a llevar un proceso (de selección) que desligara lo político, bienvenido sea.
Los fallos de la CCJ a pesar de estar obligados a cumplirlos en sus países miembros suelen no hacerse. ¿Qué se requiere?
Y no solamente en Centroamérica, en Europa también. (Por eso) hay que fortalecer ese punto de la integración centroamericana. Se requiere el reconocimiento de la misma, la cooperación que debe haber entre los tribunales nacionales y la Corte Centroamericana, porque la Corte no dispone de jueces ejecutores, de policías, de oficiales de Aduanas y por eso las cortes nacionales se convierten en los órganos necesarios para ejecutar las decisiones de la Corte Centroamericana de Justicia. Por ello debemos tener más comunicación entre nosotros. (Creo) que han faltado recursos económicos para juntarnos con las cortes nacionales y platicar todos los temas, porque es la única forma en que podemos eliminar esa sombra que existe de que nosotros poderos ser un tribunal afectar la soberanía jurisdiccional nacional. Es un tema de cooperación, no de competencias. No existen motivos de por qué estemos divorciados y de momento creo que ese divorcio existe.
¿Quién es César Ernesto Salazar?
El magistrado César Ernesto Salazar es originario de El Salvador, tiene 46 años. Fue nombrado presidente de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) el 4 de mayo pasado, para el período de un año. La sede de la CCJ está en Managua, Nicaragua.
Salazar fue asesor de la Secretaría General por más de diez años; árbitro del Centro de Solución de Controversias Comerciales de Sieca y del Cafta-DR y es miembro del Centro Interuniversitario para Estudios de Integración (Cipei), de la Universidad de Alcalá, España.
Ha sido profesor universitario.
