El movimiento político Ciudadanos por la Libertad (CxL) —integrado con las personas que formaban parte del PLI hasta que su presidente y representante legal, Eduardo Montealegre, fue despojado de esas titularidades por el poder judicial orteguista— anunció que esta semana solicitará su personería jurídica.
De acuerdo con la Constitución y la Ley Electoral, los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho a organizarse en partidos políticos y estos a tener su personería jurídica cumpliendo los requisitos establecidos para tal efecto.
En la actualidad hay 16 partidos políticos con personalidad jurídica, casi todos ellos adláteres y colaboradores de la dictadura de Daniel Ortega. A algunos partidos que son auténticamente opositores, como el MRS y el PAC, el orteguismo los ha despojado de su personería jurídica mediante triquiñuelas legales. Y aparte de CxL, otros movimientos políticos —algunos opositores y otros abiertamente colaboracionistas—, están tramitando o se disponen a tramitar su reconocimiento legal.
Sin embargo la petición de CxL ha causado controversia e inclusive rechazo de antiguos miembros y aliados de ese movimiento en la Coalición Nacional por la Democracia, porque consideran que en las circunstancias actuales eso significa reconocer de hecho la farsa electoral del 6 de noviembre, claudicar ante la dictadura orteguista y legitimar su desacreditado Consejo Supremo Electoral.
La personería jurídica de los partidos políticos es un derecho constitucional y los derechos hay que ejercerlos y luchar por su reconocimiento, aún bajo regímenes dictatoriales como el de Daniel Ortega. Lo realmente malo y repudiable sería que en vez de reclamar el derecho a la personería jurídica en la institución correspondiente, se negociara por debajo de la mesa con operadores políticos orteguistas para obtenerla como una regalía de la dictadura a cambio de inconfesables compromisos.
Por otra parte, estando pendiente la visita a Nicaragua del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y en curso el diálogo de este con el gobierno de Daniel Ortega sobre la crisis del sistema electoral del país, lo aconsejable es esperar el resultado de ese proceso. Adelantarse a los acontecimientos se podría percibir —y de hecho así lo perciben algunos— como un reconocimiento a la farsa electoral del 6 de noviembre y podría también debilitar la gestión o presión de la OEA sobre el régimen orteguista.
En política, tan importante y necesario es tomar una decisión correcta como escoger el momento oportuno para ponerla en práctica. Para participar en las elecciones municipales, el partido político tiene que haber obtenido su personería jurídica al menos seis meses antes de los comicios, según dispone el artículo 77 de la Ley Electoral. O sea que con vistas a las municipales de noviembre del próximo año, para participar en ellas se debe obtener la personería jurídica a más tardar a principios de mayo.
No hay necesidad, entonces, de precipitarse, so pena de suscitar malos entendidos y suspicacias de que se está sirviendo de manera voluntaria o involuntaria a los fines del orteguismo. A pesar del colapso ético de la política criolla, la credibilidad sigue siendo un valor indispensable, si es que en verdad se quiere impulsar la regeneración institucional y moral de Nicaragua.