Nicaragua, en noviembre/2016, fue sometida a un proceso político llamado “electoral” conducido por un mismo y único centro de poder político. Sin reglas, sin ley, sin observación externa y sin oferta de los partidos en la aparente, contienda. Ciertamente, partido único.
En esta oportunidad la ciudadanía nicaragüense se desencanto tempranamente, y no asiste a las urnas organizadas por un consejo electoral, nada creíble, ni confiable. Este poder del Estado, ha perdido su seriedad, transparencia y su autoridad institucional ante la población, potencialmente, votante.
En el tiempo previo al onceavo mes del año, la administración Ortega/Hallesleven se dedicó a manosear y desprestigiar el derecho social a decidir sobre quién debe administrar, temporalmente, la cosa pública. Y, lo manifestó partiendo del criterio que no habría elecciones, solamente asignaciones de puestos públicos. De acuerdo con los intereses de la élite dominante. En Nicaragua no hubo elecciones.
En este proceso político no se hicieron ofertas sociales, ni programas de políticas públicas; se excluyeron a participantes políticos; no se demostró el cumplimiento a la ley electoral, se realizó propaganda en los edificios del Estado Nacional; no se ampliaron las oportunidades en los medios de comunicación sobre el proceso; se violó el padrón de votantes, creando nuevos criterios excluyentes; selección de candidatos presidenciales de última hora; oferta de candidatos a diputados con dudosa reputación; todos los seis partidos responden al mismo gobernante repitente; rechazo público de las instituciones nacionales e internacionales de observación; las organizaciones políticas no tienen fiscales electorales y los que mostraron fiscalización parcial, se los prestaron desde el centro de poder político.
El problema central es la credibilidad. Este acontecimiento político no es nada creíble, es dudoso, no tiene sentido, es una mentira política. Internamente toda la ciudadanía sabe y comprende que no habría contendientes, al final un solo partido, una sola escena, un solo final.
Las escenas en las juntas de votaciones, durante el día, mostraron que, de cada diez personas, en capacidad de votar, no asistieron siete. Un vacío total, había más asistentes/ayudantes de centros que votantes. Pululaban los fiscales y policías electorales, procuradores electorales, coordinadores electorales, personal de apoyo electoral, fiscales de partido, todos pertenecientes a un solo señorío u organización política: el orteguismo.
Las principales denuncias se recrearon en, expulsión de fiscales; boletas rellenadas al final por una misma persona, inconsistencia numérica de votos, actas alteradas, juntas impugnadas, gobierno que luego de dos periodos gubernamentales consecutivos, crece más y más, en lugar del natural desgaste de la administración pública en el poder.
Tienen razón el Grupo de los 27 ciudadanos, que habrían anunciado previamente, “No hay por quién votar”. Al observar las seis casillas, todos eran iguales, desconocidos, sin programas y sin poder de decisión en sus organizaciones. Pero, todos alcanzarían una pequeña, e interesante cuota política. Los dueños de los partidos participantes se aseguraron sus curules en la Asamblea de la administración Ortega/Murillo.
El autor es Sociólogo e Investigador Social.
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