El proyecto de ley NICA (por sus siglas en inglés, de Nicaragua Investment Conditionality Act) o Proyecto de Ley de Condicionalidad de inversión en Nicaragua, debe hacer pensar a todos los sectores de nuestra nación (políticos, sociales y económicos) en impulsar un diálogo con Ortega y su organización.
La celeridad y unanimidad en la aprobación de esta ley en la Cámara de Representantes, que muy probablemente se dé también en la Cámara del Senado, obedece a los veintidós (22) considerandos señalados en la ley (casi dos tercios de la letra total de la ley), que no son más que la historia recogida por el Departamento de Estado de todos los “esfuerzos” de Ortega de “hacer todo lo que tenga que hacer” para mantenerse en el poder o sea lo que todos sabemos y que pensábamos que a nadie le importaba porque nadie hacía nada al respecto, es decir que no tendría consecuencias.
Aunque esta ley es injerencista, en cuanto a que una nación extranjera disponga lo que debe hacerse en Nicaragua, también es cierto que la influencia de Estados Unidos (EE. UU.) en los once organismos financieros internacionales señalados en el proyecto de ley, se debe a que todos ellos manejan dinero de EE. UU. y todo prestamista puede imponer condiciones al deudor, sobre todo cuando dichas condiciones fueron previamente discutidas, como en el caso de la Carta Democrática Interamericana, suscrita por Nicaragua, donde todos los Estados americanos se comprometen a vigilar el mantenimiento de la democracia en toda América y la principal garantía de esta son las elecciones periódicas, transparentes y supervisadas. También los Estados americanos (OEA), incluyendo a Nicaragua, tuvieron injerencia en Honduras cuando todas sus instituciones decidieron suspender la presidencia de Mel Zelaya porque quiso violar su Constitución. Además, Ortega ha permitido la injerencia de China, Rusia, Venezuela y Cuba, entre otros, en nuestra nación.
El asunto es que la NICA Act pone en peligro más del 50 por ciento del gasto público y eso pondrá también en peligro las inversiones de los miembros del Cosep y del Ejército Nacional que también es un inversionista. Es decir, la aplicación de esta ley tendría efectos devastadores en nuestra economía, máximo cuando la ayuda venezolana se extingue (y podría desaparecer) y las naciones europeas han sido maltratadas por la diplomacia orteguista.
Si Ortega insiste en aferrarse al poder, como hizo Somoza (“ni me voy ni me van”), es probable que las medidas anti-Ortega en EE. UU. también se incrementen y podrían llegar, como en los años ochenta, dada la afinidad de Ortega con regímenes hostiles a los EE. UU., al financiamiento de una guerra (aprobado por el Congreso), que en parte ya está siendo financiada por quienes han permitido el acceso de Ortega a armas modernas y miles de millones de dólares.
Creo que debe empujarse un diálogo de las fuerzas vivas de la nación con Ortega y su organización para buscar una salida negociada que evite el embargo financiero, el derramamiento de sangre de hermanos, la destrucción de infraestructura y la profundización de la pobreza, si y solo si, Ortega accede a permitir elecciones libres y supervigiladas por quienes tienen el poder económico para brindarnos la ayuda que necesitamos: la OEA y la Unión Europea.
El autor es Cirujano y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Acción Ciudadana (PAC).
