Recientemente, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobó por unanimidad una iniciativa de ley conocida como Nica Act por medio de la cual se pretende que el gobierno norteamericano vote en contra de la aprobación de préstamos internacionales a Nicaragua, como una forma de castigar al actual gobierno por el deterioro de la democracia y la no realización de elecciones libres, justas y transparentes en el país.
Para el sector opositor que viene denunciando los abusos y atropellos del Gobierno a los derechos de los nicaragüenses, sin duda esto representa un triunfo político en tanto encuentra eco de las denuncias realizadas y se consigue la adopción de medidas con las cuales se espera que el presidente Ortega corrija el rumbo de la nación y eche pie atrás sobre decisiones políticas de corte dictatorial.
Sin embargo, nada menos afortunado para Nicaragua que la aprobación de la Nica Act porque al final de la jornada es el pueblo quien termina pagando las consecuencias debido a que este tipo de sanciones de carácter económico, por sí solas, han demostrado ser ineficaces para obligar a líderes totalitarios a cambiar su forma de gobernar.
Por ejemplo, en Cuba 56 años de bloqueo económico no han doblegado a la dictadura castrista; en Venezuela Maduro continúa gobernando autoritariamente y a pesar de las sanciones impuestas a Corea del Norte por las Naciones Unidas, Kim Jong-Un sigue haciendo pruebas nucleares.
Es utópico pensar entonces que esta Ley anti Ortega debilitará al gobierno sandinista forzando al mandatario nicaragüense a rectificar sus malas actuaciones y ceder ante la presión estadounidense, sobre todo cuando es harto conocida su arcaica retórica antimperialista, que seguramente se elevará a niveles exponenciales considerables.
Ciertamente, aunque se trate de desestimar, el condicionamiento a los préstamos del FMI, BID y el Banco Mundial, le complicará el trabajo al ejecutivo, pues es evidente que tendrá graves afectaciones para la economía nacional en tanto habrá una importante disminución de recursos líquidos para el desarrollo económico y social del país.
Pero todas estas y otras consecuencias que puedan surgir no aseguran el mea culpa del Gobierno, al contrario antes de flexibilizarse puede radicalizarse y como ocurrió en los ochenta se autovictimizará y atribuirá al bloqueo financiero todos los problemas que se susciten en la nación, encontrando de este modo una justificación para sus fracasos y desaciertos.
Así, mientras se disparan las diatribas contra el imperio, el Gobierno enfrentará serios problemas para construir más carreteras, puentes, escuelas, hospitales, centros de salud, además, se frenará y ahuyentará la inversión privada nacional y extranjera.
Es aquí donde la población resentirá sobremanera las sanciones económicas impuestas al Gobierno, cuando comiencen a escasear las cosas, aumenten los costos de producción de los alimentos, se encarezca la canasta básica e irremediablemente crezca el desempleo.
Desde luego, habrá quienes argumenten con toda razón que el culpable y único responsable es el presidente de la República por haber transgredido la institucionalidad democrática y negar elecciones limpias y competitivas, pero por muy culpable que sea, ni él, ni su círculo de allegados sufrirán por una eventual crisis económica resultante.
Indudablemente, los más perjudicados serán los simples mortales que a diario luchan para sobrevivir en este empobrecido país, por tal razón, no es momento de señalar la causa sino las consecuencias porque es perceptible que la medicina puede resultar peor que la enfermedad.
Con un panorama así, al margen de las consideraciones políticas, lo mejor que le puede ocurrir a Nicaragua es que la Nica Act sea rechazada por el Senado o el presidente Obama, filtros que debe pasar antes de convertirse en ley definitiva.
El autor es abogado.
