Los estrategas del comandante Ortega desestimaron la posibilidad de que los Estados Unidos (EE. UU.) aprobara alguna ley en contra de Nicaragua, tomando en cuenta que su prioridad era Venezuela, que se encuentra en un período electoral y que Obama va de salida. Y que Nicaragua estaba teniendo excelentes calificaciones en la defensa de los intereses de los EE. UU. en la región.
Eso llevó al régimen a cometer una serie de arbitrariedades: expulsión de funcionarios del Gobierno de los EE. UU., hizo colapsar la democracia, destruyó al mayor bloque opositor, destituyó a los diputados, descartó los observadores internacionales para las elecciones y para colmo puso en la boleta electoral a su esposa como compañera de fórmula.
Estos acontecimientos preocuparon al Cosep por la caída del clima de negocios y la incertidumbre ocasionada por las medidas desacertadas del Gobierno, es por ello que presenta un decálogo que es una crítica al retroceso institucional, su aplicación una condición para que se restituya la confianza de los empresarios y una oportunidad para frenar el proyecto político de Ortega: una dictadura dinástica, algo que para el general Ortega, analistas políticos serios, la ciudadanía y la comunidad internacional no tiene cabida.
Pero también reacciona la clase política de los EE. UU. aprobando este 21 de septiembre en la Cámara de Representante la Ley de Condicionalidad de las Inversiones en Nicaragua, presentada por la congresista Ileana Ros-Lehtinen. Y tiene grandes posibilidades de ser ratificada por el Senado dado que el senador Ted Cruz, segundo candidato a presidente de los EE. UU. más votado en las primarias republicanas y miembro de la corriente conservadora de ese partido, el Tea Party, apoya esta propuesta.
Con esta Ley los EE. UU. votará en contra de los préstamos solicitados por Nicaragua a los organismos multilaterales y podría afectar el tratado de libre comercio y las inversiones extranjeras y nacionales, lo que sería desastroso para la estabilidad política y económica de este país y posiblemente también lleve a reformular las relaciones entre el Cosep y el Gobierno, pero también recuerde a los mandos del Ejército como de la Policía que su obediencia es, en primera instancia, a la Constitución. Con esta Ley queda claro que para el Congreso norteamericano está prevaleciendo la seguridad democrática que el rol de Nicaragua como valladar del crimen organizado y la migración.
El comandante Ortega está obligado a dar señales claras no solo a Washington, sino también a Nicaragua aplazando las elecciones para finales del 2017, organizándolas de tal manera que sean justas, transparentes, competitivas, permitiendo observadores nacionales e internacionales y con un Consejo Supremo Electoral (CSE) independiente, llamando a un diálogo a los poderes fácticos, los partidos que participan en las elecciones, otorgándole a su vez la personería jurídica a Ciudadanos por la Libertad para que pueda participar como coalición y devolviéndole el tendido electoral como segunda fuerza así como los curules a los diputados.
En este contexto, el decálogo del Cosep y la Carta de la Iglesia católica de mayo del 2014 pueden servir de base para un acuerdo político para que se restituya el Estado de Derecho en Nicaragua. Ante esta encrucijada, el comandante Ortega puede enmendar sus errores, reconocer que EE. UU. es nuestro principal aliado socioeconómico con quien debemos tener buenas relaciones y convertirse en un puente para que Nicaragua retome los cauces de la democracia. Ese sería su legado.
El autor es sociólogo. Autor del libro: Ramiro Sacasa. El Poder de Servir. “Ni reelección ni herencia del poder”
