El Gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega rechazó y calificó de injerencista la ley estadounidense que condiciona el financiamiento e inversión a Nicaragua, aprobada de manera unánime por el Congreso de Estados Unidos, este miércoles 22 de septiembre.
“Rechazamos como violatorias al derecho internacional y a la carta de Naciones Unidas (ONU), las propuestas e iniciativas que se han movido en las cámaras y casas de los organismos legislativos de Estados Unidos, que son parte habitual de la política injerencista que a través de la historia ha intervenido en nuestro propios y soberanos procesos políticos, sociales y económicos, y de manera intensiva y particular en momentos electorales”, expresó la primera dama Rosario Murillo, a través de los medios de comunicación oficialistas.
Murillo informó la posición del Gobierno en su comunicación acostumbrada del mediodía, explicando que “en este momento está siendo circulada una nota de prensa en las embajadas” donde el gobierno “comenta las últimas informaciones provenientes de congresistas norteamericanos”. Murillo manifestó que esta decisión de los congresistas estadounidenses coincide con campañas mediáticas de desinformación, de intimidación contra los procesos democrático”.
GRAN PREOCUPACIÓN POR EL POSIBLE IMPACTO DE LEY ANTI ORTEGA
El ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco considera que el proyecto de Ley, conocida también como Nica Act o Ley anti Ortega, podría producir “gran impacto” en la economía “que no se ha visto en los los últimos 40 años en Nicaragua”.
Tinoco cree que el presidente inconstitucional Daniel “Ortega cometió un error estratégico al pensar que la comunidad internacional iba ser como que no se daba cuenta de que aquí se eliminaron las elecciones transparentes, que podía eliminar las elecciones y que no iba tener consecuencias; pero esos son los resultados, que son aberrantes, por la actitud de Daniel Ortega”, afirmó Tinoco.
Contra toda predicción de la improbabilidad de que esta ley procediera a su aprobación este año, Nicaragua recibió este miércoles 21 de septiembre la noticia de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad la legislación Nicaraguan Investment Conditionality H.R.5708, cuyo objetivo es que ese país vote en contra de la aprobación de préstamos al gobierno que preside Ortega.
Jaime Morales Carazo, exvicepresidente y actual diputado sandinista, expresó preocupación por el impacto que tendría en la economía nicaragüense la Ley Nica Act, si llega a ser finalmente aprobada y puesta en vigencia por el Senado y Gobierno estadounidense.
Morales Carazo expresó que si bien es un derecho de Estados Unidos aprobar las leyes que considere, es una realidad que una ley que sancione la cooperación a Nicaragua “amenaza la inversión y tienen que tenerse en mente” para saber cómo reaccionar.
“No deja de ser preocupante, sería un comportamiento irresponsable pensar que una decisión del Congreso norteamericano, por unanimidad y con la prontitud que se hizo pueden obedecer a factores de orden de la campaña interna política (en EE.UU)”, dijo Morales Carazo.
El diputado sandinista reconoció que el voto de EE.UU. contra los préstamos que reciba Nicaragua de los organismos financieros internacionales, golpearía la estabilidad económica del país. “Son situaciones de orden económico que están en juego”, dijo Morales Carazo.
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Morales espera que en el Senado la Ley Nica Act no prospere y que el gobierno de Barack Obama no la respalde, pues el exvicepresidente recordó que existe una “buena relación” entre los países que se refleja en el trabajo conjunto en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Aún falta que la Ley Nica Act sea aprobada por el Senado y de ser ratificada por esta instancia, será enviada a la Presidencia, donde al mandatario Barack Obama le corresponde firmarla o vetarla, pero sino hace ninguna de estas acciones, la ley entra el vigencia en los próximos 10 días.
NAVARRO DUDA QUE PROSPERE APROBACIÓN DE LEY NICA
El diputado y aliado del FSLN, Wilfredo Navarro, pone ese punto de colaboración contra el narcotráfico entre EE.UU. y Nicaragua para dudar de que la Ley Nica Act prospere.
“No creo que la política exterior de Estados Unidos estaría dispuesta a perjudicar a un aliado estratégico como es Nicaragua, en estos temas tan sensibles para Estados Unidos”.
La Ley Nica Act además está solicitando al Departamento de Estado la publicación de un reporte de los altos funcionarios del gobierno nicaragüense involucrados en actos de corrupción pública y de violación de derechos humanos”. Se refieren a funcionarios del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia.
Navarro estimó que, conforme el sistema legislativo estadounidense, tomaría de 18 a 20 meses en que la Ley Nica Act sea aprobada totalmente. Calificó de “traidores” a los políticos y empresarios nicaragüenses que, según él, han viajado a Estados Unidos a pedir acciones contra el régimen de Ortega. Y consideró a los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y a los que propusieron e impulsan las acciones contra la cooperación internacional al país, como “enemigos” del gobierno del inconstitucional, Daniel Ortega.
El legislador aliado al FSLN minimizó el poder de Estados Unidos para evitar que los organismos financieros, como el Banco Mundial y el BID, aprueben y desembolsen préstamos a Nicaragua.
“Estados Unidos no tiene derecho de veto y por tanto no puede tener la misma capacidad de maniobra en esos organismos”, dijo Navarro, a pesar que ese país es el principal financiador en esos organismos.
Nica Act es interpretada por los políticos nicaragüenses como una “sanción” al Gobierno de Ortega por la falta de transparencia electoral y fiscal durante los casi diez años de su mandato.
El Movimiento Renovador Sandinista (MRS), uno de los grupos políticos más críticos a la administración de Ortega, manifestaron que la aprobación de esta Ley “se suma a la cada vez más amplia condena internacional que ha suscitado la actuación autoritaria de Ortega, en especial la inexistencia de condiciones para unas elecciones limpias, transparentes y competitivas; la eliminación del pluralismo político, la destitución de diputados y la cancelación de partidos políticos opositores, el fraude electoral en marcha, la sistemática violación a los derechos humanos de los nicaragüenses, la liquidación de la independencia de las instituciones públicas, la corrupción, la impunidad y las violaciones al Estado de Derecho, todos componentes del régimen de partido único y del proyecto dinástico de la familia Ortega”.
“El régimen de Ortega está llevando a Nicaragua y a los nicaragüenses por el peor de los caminos, el del aislamiento internacional, la inestabilidad política y social y una mayor pobreza. Todavía es tiempo de evitar mayores males al pueblo nicaragüense. Y eso solo será posible si se restablece plenamente los derechos humanos de los nicaragüenses, en especial el derecho a decidir”, expresa el MRS en su pronunciamiento este jueves 22 de septiembre.
Este proyecto de Ley, de ser aprobado totalmente, podría limitar la aprobación de préstamos al gobierno de Nicaragua en los organismos multilaterales en los que los Estados Unidos tienen presencia y fuerza decisoria y que, de igual forma, puede afectar las relaciones comerciales y las inversiones privadas en Nicaragua.