Los vicios de este proceso electoral inician desde el momento en que el actual presidente de la República es inconstitucional, porque al participar en las elecciones presidenciales del 2011 violó la Constitución, que él juró respetar, en sus artículos 147 y 51, luego la ajustó a su conveniencia. Y en derecho no hay retroactividad. Asimismo, prorrogó la permanencia de los magistrados del poder electoral y judicial, sin tener el asidero legal para hacerlo. Con estas elecciones, en las que se vota, pero no se elige, se pulverizará el último resquicio de la democracia representativa y se institucionalizará la sucesión dinástica con la asignación de doña Rosario como candidata a la Vicepresidencia.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) violenta la Ley Electoral y la credibilidad de las elecciones cuando no hay observadores, ni tendido electoral opositor que verifique la validez de los resultados. Para colmo la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anula la participación de la segunda fuerza política de este país y, con ello, el derecho de sus simpatizantes a tener una opción electoral.
Craso error, si se valora que en las elecciones anteriores esta segunda fuerza había sido reconocida por el poder electoral como legítimo concurrente en las elecciones nacionales, regionales y municipales. Y aún con ese antecedente, la Sala Constitucional, en un cálculo político, falla no en el marco de los 45 días que demanda la ley, sino cinco años después, y para rematar, en una invasión a otro poder del Estado y, sin el debido proceso, despojan a diputados opositores de su investidura, con lo cual lo actuado por estos poderes del Estado debería ser nulo de toda nulidad.
Hay quienes proponen la abstención electoral, con ello el régimen no tendrá siquiera necesidad de preñar las urnas y trasladará, a su gusto y antojo, gente de un lado a otro, aparentando una mayor asistencia a las Juntas Receptoras. El partido en el poder, probablemente, tiene mapeado a quienes posiblemente no vayan a votar y, harán su festín votando en su lugar, con lo cual se le estará haciendo el juego, porque mientras desestimula el voto opositor promueve disciplinadamente el de sus militantes.
Otros plantean la opción de la anulación del voto, en el entendido que a diferencia de la abstención, los votos nulos cuentan y como votantes uno controla su voto, impidiendo que lo manoseen. Profundizando más en las ventajas, para quienes se inclinan por la anulación del voto, las elecciones se convierten en un referéndum en el que cada voto nulo sea la reafirmación del rechazo a quienes detentan el poder de forma arbitraria. Con lo cual se habrán pronunciado de forma abrumadora los independientes, los que han sufrido todo tipo de vejámenes, a los que se les privó de su derecho a votar por su opción política y los empleados públicos que se les obliga a ir a la plaza, que si no van a votar los pueden correr.
Quienes decidan abstenerse deben tomar en cuenta que si en las elecciones pasadas no votaron, los sacan del padrón y pierden el derecho a elegir y ser electos. Esto se aplica a las elecciones generales, pero igual pueden modificar el artículo y hacerlo válido para las municipales del 2017. Por ende, hay quienes concluyen que es mejor ejercer el derecho al voto, dándole el carácter que tienen estas elecciones: Nulas de toda nulidad.
El autor es sociólogo. Autor del libro: El Poder de Servir.
