Costa Rica incrementará el control policial de su frontera sur para evitar el ingreso de migrantes irregulares, cuyo incremento en la última semana de haitianos, asiáticos y africanos ha sido significativo; someterá a procesos de deportación a quienes sean sorprendidos su territorio sin haber regularizado su condición migratoria y fortalecerá la atención humanitaria de quienes ya están con documentación expedida por las autoridades migratorias correspondientes.
Así lo anunció el presidente Luis Guillermo Solís y los ministros de Comunicación, Mauricio Herrera; y de Seguridad Pública, Gustavo Mata.
A la vez, el Ministerio de Planificación coordina con otras entidades el diseño de una política de mediano y largo plazo para la atención de la migración irregular, que deberá estar lista en un plazo de dos meses.
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Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene los esfuerzos para procurar acuerdos regionales que permitan una solución y atención integral e internacional al fenómeno del flujo de migrantes irregulares en tránsito por el territorio de nuestros países, según el canciller, Manuel González.
Estas acciones son complementarias al trabajo que instituciones costarricenses han prestado a esta población y refuerzan la tradición nacional de respeto por los derechos humanos y la solidaridad del pueblo costarricense; según el Ministro Herrera, quien además expresó su consternación ante el lamentable fallecimiento ahogados en el Lago de Nicaragua de ocho migrantes extracontinentales.
Herrera reiteró que su frontera con Panamá no está abierta al ingreso de migrantes irregulares y no expide visas a migrantes extracontinentales que no cumplan con requisitos de ingreso.
“Quienes han logrado ingresar al país, debido a la gran porosidad de la frontera sur y se han acercado a las oficinas de Migración a regularizar su situación, se les otorga un permiso temporal por 25 días y se les facilita atención humanitaria básica en Centros de Atención Temporal a Migrantes (CATEM)”, indicó Herrera.
Para tales efectos se mantienen abiertos centros temporales autorizados y con servicios básicos en Kilómetro 20 y Buenos Aires en la zona sur; también en El Jobo y Las Vueltas en la zona norte, frontera con Nicaragua.
Un espacio ocupado en las cercanías de la frontera norte en Peñas Blancas, donde hay 1,100 migrantes, no está autorizado ni cuenta con las condiciones mínimas de atención de esta población y el Gobierno no permitirá la presencia de personas en esa zona.
Tanto la Comisión Nacional de Emergencias como la Cruz Roja – enfatizó el Ministro Herrera- van a buscar lugares adecuados para la instalación de los CATEM, con el objetivo de reducir la incoveniente aglomeración de migrantes en Peñas Blancas.
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“Este espacio cercano a la frontera con Nicaragua fue ocupado por centenares de migrantes y representa un peligro latente que se debe tener en consideración y atender de manera que garantice la seguridad de la población nacional y la migrante”.
Desde el 4 de agosto la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras desarrollarán operativos en la frontera sur, para rechazar el ingreso de migrantes irregulares y aprehender en el territorio nacional a quienes no se hayan presentado a las autoridades de migración con la filiad de que quienes sean aprehendidos serán sometidos al proceso de deportación.
Policía ubicará en esa frontera 300 policías con relevos periódicos de 4 horas para mejorar la vigilancia.
Se integrará una Comisión de Asesores Legales que revise la normativa, nacional e internacional, en la materia. En esta participarán diversas instituciones, con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
De abril a hoy 3 de agosto, han ingresado a Costa Rica 5,600 migrantes irregulares, sobre todo haitianos, africanos y asiáticos.
El ingreso normal promedio de entre 50 y 100 personas al día por la frontera con Panamá desde abril, aumentó a 150 migrantes diarias, según Herrera, siendo el 80 por ciento haitianos.
