El Gobierno de Panamá rechazó los señalamientos del Gobierno de Nicaragua respecto a “la violación de derechos internacionales” del embajador nicaragüense Antenor Ferrey, al ser desalojado, esta semana, de su residencia diplomática en ese país; pero ninguno de los dos países se refirió con exactitud a la situación legal del bien inmueble que el Gobierno de Nicaragua asegura está vinculado a casos de corrupción del exmandatario nicaragüense Arnoldo Alemán Lacayo.
“Panamá es muy respetuoso de sus obligaciones internacionales y de los compromisos emanados de la Convención de Viena con respecto a los privilegios e inmunidades que amparan al cuerpo diplomático acreditado en Panamá”, afirmó la Cancillería panameña en un texto enviado a varios medios.
Mientras tanto en Nicaragua, el pleito por la propiedad en Panamá ha removido los conflictos legales que el exmandatario Arnoldo Alemán (1997-2002) ha tenido por corrupción estatal y vuelve a dividir las opiniones entre quienes afirman que el exmandatario fue sobreseído definitivamente y los que dicen que aún tiene causas pendientes.
En el comunicado emitido este viernes, el Gobierno de Nicaragua explica que la propiedad donde habitaba el embajador Ferrey está bajo aprehensión judicial porque el bien inmueble fue adquirido en 2001 por la Sociedad Locery S.A., representada por María Fernanda Flores, esposa de Alemán, siendo comprada con fondos del erario nicaragüense, y Nicaragua no ha pedido el levantamiento de la medida cautelar, sin embargo no específica a qué caso está vinculada y por qué mantiene su aprehensión.
Igualmente Panamá, en su escrito de rechazo a los señalamientos que hiciera el Gobierno de Nicaragua, no aclara cuál es la situación legal del inmueble en disputa y solo se limita a decir que “ante decisiones definitivas tomadas por los órganos jurisdiccionales competentes” la Cancillería de Panamá mantuvo “un papel de escucha y mediación entre ambas partes incentivando el diálogo y a llegar a un acuerdo en beneficio de todos”, dice la nota.
Para Mauricio Martínez, abogado de Arnoldo Alemán, la propiedad de Panamá inscrita bajo el número de finca 209103-8702, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, Residencial Costa Azul número A-36, costa del Este, Distrito y providencia de Panamá, inscrita en el Registro Público de Panamá, sección mercantil, al folio 407326 no puede estar aprehendida judicialmente a favor de
Nicaragua, porque Alemán fue absuelto por tribunales panameños en 2013 y el Tribunal Superior mandó a devolverle todos los bienes y dinero en efectivo que se encontraban congelados en cuentas de bancos panameños.
Además, el abogado Martínez también aclaró que Arnoldo Alemán Lacayo no tiene en Nicaragua causas penales abiertas, contrario a lo que sostienen autoridades del país, ya que este fue sobreseído por todos los delitos acusados y conexos, mediante sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en 2009, por tanto la propiedad reclamada en Panamá no le pertenece al Estado de Nicaragua y la abogada Sandra Cerrud está haciendo un reclamo legítimo, dijo Martínez.
QUIEREN TAPAR AGRESIÓN A MUJER PANAMEÑA
Este criterio es compartido por María Fernanda Flores, esposa de Arnoldo Alemán, quien critica que el Gobierno de Nicaragua está desviando la atención hacia su esposo Arnoldo Alemán con causas judiciales inexistentes y tapar la supuesta agresión física que hiciera el embajador Ferrey a la abogada Sandra Cerrud, cuando esta supuestamente llegó a cortarle el servicio de agua potable, como medida para que este abandonara la vivienda, pues tienen dos años de reclamarla como propia.
“Totalmente falso. No hay caso abierto contra mi esposo. Tres Estados han dictado sobreseimiento a favor de mi esposo: Nicaragua, Estados Unidos y Panamá. Lo que pasa es que el Gobierno de Nicaragua, con esas declaraciones, pretende tapar el sol con un dedo y minimizar el hecho vergonzoso que un representante nuestro haya agredido a una mujer panameña”, dijo Flores.
La ex primera dama, también dijo que dicha propiedad en disputa nunca ha sido de su esposo, porque era de la sociedad Locery S.A., y la involucraron ilegalmente porque ella era la representante.
“Desde que inició el proceso contra mi esposo en Panamá, contratamos un consorcio de abogados y acordamos que recibirían esa casa por el pago de sus honorarios y así fue. Ahora no sé de quién será, pero no es mía ni nunca ha sido de mi esposo”, reiteró Flores.
CAUSAS PENDIENTES
Contrario a la posición del abogado de Alemán y de su esposa María Fernanda Flores, actual candidata a diputada por el Partido Liberal Constitucionalista, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó en febrero de este año a la juez Irma Laguna, titular del Juzgado Primero Distrito Penal de Juicio de Managua —quien tiene a cargo resolver todos los casos del antiguo Código de Instrucción Criminal—, un secuestro preventivo como medida cautelar de dicha propiedad en Panamá, ya que Alemán aún mantiene abierta la causa en Nicaragua por el caso conocido como Mayco, empresa estatal de donde supuestamente salió el dinero para comprar bienes en Panamá.
Este escrito lo mete la PGR ante la solicitud de desalojo de la propiedad que hiciera el consorcio de abogados panameños en ese país.
El consorcio está solicitando la entrega del bien con orden de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, quien manda devolver el bien a sus dueños, porque el caso por el que estaba intervenido o congelado cautelarmente ya fue resuelto en octubre del 2013 a favor de Alemán.
En esa sentencia de absolución la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá argumentó “un doble juzgamiento”, ya que consideraron que el exmandatario ya había sido juzgado y sobreseído en Nicaragua por los mismos hechos en 2009.
Según Martínez, abogado de Alemán, dicha solicitud de la PGR le fue notificada a él en su momento y contestó mediante escrito que esa acción estaba caduca, prescrita y extinta porque él (Alemán) fue sobreseído por la CSJ sobre cualquier delito anexo y conexo al blanqueo de capitales, entonces nos opusimos rotundamente a esa solicitud, dijo Martínez.
De activarse ese caso de la empresa Mayco en juzgados nicaragüenses, se estaría ante una “gran inseguridad jurídica”, dijo Martínez.
LO QUE SE DICE DE LA SENTENCIA
La sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua del 2009, dice en uno de sus puntos: “Se sobresee definitivamente al acusado José Arnoldo Alemán Lacayo por lo que hace a todos los delitos por los que fue condenado en primera instancia en perjuicio del Estado de Nicaragua: lavado de dinero y/o activos provenientes de actividades ilícitas, peculado, malversación de caudales públicos, fraude, asociación para delinquir y delitos electorales, y por otros hechos o delitos conexos derivados y relacionados a los presentes hechos…”. La sentencia fue firmada en su mayoría por magistrados liberales.
EMPRESA ESTATAL MAYCO
En el caso Mayco están acusados Arnoldo Alemán Lacayo, Byron Jerez Solís, Harvy Mayorga, Duddley Padilla, Pastor Sebastián Martínez Reyes y otros, quienes supuestamente valiéndose de sus cargos dispusieron el uso, disfrute y provecho de bienes estatales para fines privados del acusado Alemán Lacayo y su hermana Amelia Alemán Lacayo. Se ordenó que la mano de obra y materia prima de la empresa Mayco, se destinara para la remodelación de fincas, casas en el mar, beneficios de café, potreros, etc., del expresidente Alemán y su hermana, disponiendo incluso el pago de propaganda política (camisetas, gorras, alquiler de equipos de sonido, tarimas, etc.) a favor del PLC. Para borrar las evidencias del uso privado de los fondos del Estado, ilícitamente ordenaron reeditar las facturas y los adeudos, y en lugar de los nombres de los beneficiarios sustituirlos con los nombres de “Proyecto El Chile”, “Proyecto El Rescate” y “Proyecto El Acetuno”.
