La demanda judicial que se libra en una corte de Miami entre el alcalde de Sweetwater Orlando López y los miembros de la comisión de ese municipio, está programado del 6 al 8 de julio próximo de acuerdo a lo establecido por la juez de circuito Bárbara Areces.
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La jueza Areces recién asumió el caso tras la renuncia de su colega Norma Lindsay, que se negó a continuarlo al observar un supuesto conflicto de interés, luego que la administración de Sweetwater contrató en su cuerpo de policía a Víctor Riberon, que se había desempeñado como alguacil de la Corte donde se debatía el caso.
La contratación del exalguacil por parte de la administración de Sweetwater, se dio en medio del proceso de la demanda.
El juicio estaba previsto a realizarse del 6 al 8 de junio. La nueva Jueza a cargo del caso lo programó para un mes después y rechazó la propuesta de los abogados del alcalde Orlando López, que solicitaron postergar el juicio para finales de agosto alegando que requieren de más tiempo para prepararse.
La comisionada Idania Llanios consideró que la fecha establecida por la jueza Areces es prudencial tomando en cuenta que recién asumió el caso.
“Ella debe estudiar el expediente, estudiar las leyes de la ciudad y las alegaciones de cada una de las partes, me parece justo que haya programado el juicio para un mes más tarde”, afirmó Llanios.
EL CONFLICTO
El alcalde López presentó la demanda contra los siete comisionados el pasado mes de enero, alegando que no lo dejan administrar.
El abogado del alcalde, Alan Kluger, argumentó en la Corte que “la Comisión obstruye la labor del edil, viola el código de la ciudad, desestima la opinión del jefe del ayuntamiento y apuesta por un presupuesto que resultó desproporcionado”.
Por su parte, los comisionados interpusieron una contrademanda al alcalde López en la que argumentan la supuesta violación de las leyes municipales, así como que el edil desestima el presupuesto acordado por la Comisión, hasta provocar un déficit presupuestario debido a que entre otras cosas, contrata personal adicional con altos salarios que ocasiona un gasto adicional de un millón de dólares.
El abogado de la Comisión, Jesús Suárez, señaló en Corte que la aprobación del presupuesto no se ejecuta a discreción del alcalde, que “su obligación es cumplirlo porque la ley lo establece claramente”.
Tres meses después de haber asumido el cargo, en agosto del 2015, el alcalde de Sweetwater solicitó al Gobierno del Estado de la Florida declarar el estado de emergencia financiera en esa ciudad, luego de que la comisión rechazó un alza en la tasa de impuestos de 2.74 a un 4.5%.
Posteriormente, el alcalde López envió una carta al gobernador Rick Scott en la que expresa la “necesidad de la asistencia del Estado para resolver o prevenir una emergencia financiera”.
Hasta el momento, las autoridades estatales no se han pronunciado respecto a la solicitud de López de declarar emergencia financiera en Sweetwater. Se estima que el 40 por ciento de los habitantes de Sweetwater son de origen nicaragüense.
