La convocatoria que ha hecho el Consejo Supremo Electoral (CSE) para las elecciones que tendrán lugar el domingo 6 de noviembre próximo significa que Ortega ha puesto oídos sordos al reclamo popular para unas elecciones libres y transparentes.
El hecho que el proceso electoral vaya a ser organizado y dirigido por un CSE del que forman parte varios magistrados responsables de tres fraudes electorales anteriores, no representa ninguna garantía para el pueblo nicaragüense de que sus votos serán contados honestamente y que el resultado final reflejará la voluntad soberana del pueblo de Nicaragua.
Ortega ha puesto oídos sordos al llamamiento que le hizo la Conferencia Episcopal en la carta que le entregó el 21 de mayo de 2014 intitulada: En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor. En dicha carta, la Conferencia Episcopal propuso un gran diálogo nacional que condujera a “un entendimiento entre los distintos sectores de la sociedad y cristalice en un auténtico consenso democrático y un nuevo pacto social que asegure estabilidad política, jurídica, social y económica al país”… Además, los señores obispos le pidieron que ofreciera “su palabra de honor para garantizar en el 2016 para Nicaragua un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto con nuevos y honorables miembros al frente del CSE, en el que brille sin ningún tipo de duda la voluntad popular”…
También Ortega ha puesto oídos sordos a las más de cincuenta protestas cívicas que han tenido lugar desde el año pasado todos los miércoles para exigir cambios en el CSE y garantizar elecciones libres y justas. Igualmente, ha puesto oídos sordos a los pronunciamientos hechos por diferentes organismos de la sociedad civil en el mismo sentido.
En el manifiesto hecho público recientemente por el “Grupo de los 27 — 2016” y que se intitula: No permitamos que una minoría secuestre a la nación, se dice: “El actual sistema electoral se encuentra seriamente cuestionado, tanto a nivel nacional como internacional y no goza de la credibilidad y capacidad necesaria para garantizar las condiciones antes mencionadas”… “De no cambiar estas circunstancias se estarían cerrando los cauces democráticos y alentando el regreso de la confrontación violenta, como ha sucedido tantas veces en nuestra trágica historia”…
Lo que está en juego es el respeto a la voluntad popular, que se expresa a través del voto ciudadano. Lo que está en juego es el sagrado derecho a elegir libremente y superar las diferencias políticas por la vía cívica electoral. Se trata de elegir a las máximas autoridades del Estado, que asumirán la conducción del país a partir de enero del 2017, para asegurar un gobierno que realmente cuente con la legitimidad de una elección transparente y que lo integren personas capaces de promover un auténtico desarrollo humano y sostenible, que permita el bienestar del pueblo nicaragüense, con justicia y equidad.
Y es la ciudadanía, la sociedad civil organizada, y no solo a los partidos políticos, la que debe encabezar la lucha cívica para garantizarle al pueblo de Nicaragua un proceso electoral justo y transparente, cuyos resultados se correspondan fielmente con la voluntad soberana expresada en las urnas electorales a través del voto.
La Carta Democrática Interamericana, en su artículo 3 señala, como uno de los elementos esenciales de la democracia representativa, “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”. Para garantizar ese derecho es necesario contar con un CSE creíble, integrado por personas idóneas e independientes. Es indispensable una auditoría del padrón electoral y asegurar que todos los ciudadanos aptos para votar tengan su cédula de identidad, superando el manejo partidario de la cedulación. Se requiere la reestructuración interna del poder electoral, actualmente en manos de funcionarios afines al orteguismo, y que, a lo inmediato, se invite a los organismos nacionales e internacionales de observación electoral que se caracterizan por su seriedad y profesionalismo.
La prioridad en el campo político es restablecer la plena confianza de la población en los procesos electorales. Las desafortunadas experiencias de las elecciones de 2008, 2009 y 2011 es razón suficiente para afirmar que esa confianza no existe, lo que representa un grave problema para el funcionamiento de la democracia en Nicaragua.
El autor es jurista y escritor.
